Sucre/CORREO DEL SUR
El Consejo de la Magistratura ordenó una auditoría financiera a la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial para transparentar los gastos de la administración del presupuesto y determinar si existen indicios de responsabilidad civil, administrativa, ejecutiva o penal, anunció el presidente de esa institución, Manuel Baptista, tras conocer el informe de auditoría de la Contraloría General del Estado que estableció irregularidades en el manejo del gasto público.
La autoridad explicó que los consejeros instruyeron a las unidades y direcciones correspondientes proveerse de información sobre la realización de auditorías anteriores que hayan determinado alguna responsabilidad en la DGAF.
Indicó que ya existe un informe técnico legal con datos que se ha recabado para el inicio de la auditoría financiera que no se había hecho hasta el momento, en cumplimiento del mandato de la Constitución Política del Estado para saber cómo se han administrado los recursos del Órgano Judicial.
“La auditoría va a determinar si los gastos realizados por esta institución han sido administrados de manera correcta o no, esto va a determinar indicios de responsabilidad tanto civil, administrativa, ejecutiva o penal”, manifestó Baptista.
DEPÓSITOS JUDICIALES
El Presidente reveló que hay denuncias de malos manejos económicos en la disposición ilegal de los recursos de depósitos judiciales que ingresaron a las arcas de la DGAF y que fueron destinados a otro tipo de gastos.
“Este tipo de movimientos de dinero no están permitidos, la Contraloría ha tomado una posición al respecto y nosotros estamos haciendo las auditorías para determinar quiénes son los responsables y cómo vamos a reaccionar ante esta situación”, precisó.
Anunció que se prevén varias auditorías que incluyen también los procesos de contratación de obras, compra de bienes y servicios y contratación de personal.
