Alejandra Sivila tiene completo el gabinete municipal de siete secretarios y anuncia que en el curso de hoy se designará al director de recursos humanos, área considerada como la más conflictiva para la cual dispuso que se realice una auditoría especial, previo cambio de algún personal de esa instancia municipal.
La secretaria general es Lidia Lilian Aguirre Saavedra; a la Secretaria Administrativa y Financiera fue reincorporado Ramiro Quinteros Castro; a la Secretaria de Desarrollo Económico y Planificación se reincorporó a David Mamani Quispe; en la Secretaria de Desarrollo Humano se captó a Cristian Zambrana Erquicia, quien está como interino; en la Secretaria de Ordenamiento Territorial y urbanismo se ratificó a Eulogio Peñaranda Cárdenas; en la Secretaria de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente fue ratificado Ángel Arturo Subieta Flores y a la Secretaria de Desarrollo Turístico Cultural y Patrimonial se reincorporó a Juan José Baspineiro Avilés.
La designación de ese personal le permitirá andar los últimos peldaños de la gestión edilicia que comenzó con la posesión de Jhonny Lllally en su condición de alcalde electo, pero fue detenido preventivamente y así comenzó la pugna por la “silla edil”.
Tras la renuncia de Llally y la anulación de la resolución 07/2025 que designó a Waldo Porcel como alcalde, se elijo una nueva autoridad la cual es Alejandra Sivila.
La nueva alcaldesa espera colaboración para cumplir tareas específicas como encarar auditorías en las diferentes áreas, pero una auditoría especial a la Dirección de Recursos Humanos que es la más cuestionada y a cuyo titular, Germán Jorge Mamani, desvinculó en pasadas horas.
Lo que se conoce extraoficialmente es que se habría realizado contrataciones irregulares en diferentes cargos, en algunos de tipo jerárquico, a personas sin título profesional.
Otros profesionales habrían accedido a algunas responsabilidades que no guardan ningún tipo de relación con la formación que poseen.
Se quiere identificar todos esos elementos para establecer las responsabilidades de quienes efectuaron los contratos y los contratados para recuperar los recursos económicos afectados porque se cree que no aportaron en nada a la institución.
