La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Industrias, por separado, pidieron al Gobierno que deje sin efecto una disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que autoriza decomisos en casos de acumulación o especulación de alimentos.
En un pronunciamiento emitido este jueves, el sector privado advirtió que esta medida genera “incertidumbre y desconfianza en las empresas y conflictos sociales innecesarios”.
La disposición en cuestión establece que, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales, las entidades competentes pueden ejecutar acciones de “control, fiscalización, confiscación y/o decomiso” contra actores que almacenen productos o intenten incrementar sus precios de manera injustificada.
“La indudable inseguridad y zozobra generada por la Disposición Séptima del PGE 2025 entre los productores nacionales y el sector del comercio, evidencian la necesidad de que la coordinación y el diálogo previo sean los mecanismos indispensables que se apliquen en cualquier decisión que afecte a los sectores productivos”, destaca el pronunciamiento de la CEPB.
En este contexto, la confederación hizo un llamado a las autoridades para reconsiderar la normativa, que también ha sido cuestionada por gremiales, transportistas y otros actores involucrados en la cadena de suministro.
