El Ministerio Público abrió cuatro procesos penales por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos, a raíz del traslado de ciudadanos bolivianos a la guerra entre Rusia y Ucrania. El fiscal general, Roger Mariaca, informó este lunes que las investigaciones se desarrollan en Santa Cruz, Tarija y Beni, con un saldo preliminar de 16 víctimas, otras 15 personas en etapa de verificación y tres imputados que cumplen detención preventiva.

El titular del Ministerio Público detalló que el denominado “caso Rusia” comenzó el 20 de mayo con una primera denuncia en el departamento de Santa Cruz. Posteriormente, el 14 de julio se abrió un segundo expediente en ese mismo departamento, en el cual se identificó inicialmente a seis presuntas víctimas.

Durante el avance de las indagaciones, el segundo caso se amplió a la localidad de Portachuelo, en la provincia Sara. Esta acción permitió el arresto de cuatro miembros de un entorno familiar dedicado a este ilícito. Como resultado, tres personas fueron imputadas bajo el artículo 281 del Código Penal y enviadas a una cárcel pública.

Al respecto de los operativos y la búsqueda de los líderes de esta red, Mariaca declaró que “tenemos la identificación del principal reclutador de personas” y agregó que se está “trabajando para dar con los autores materiales e intelectuales dentro de esta organización”.

El tercer caso se registró el 17 de julio en Tarija. El proceso se inició en etapa preliminar tras la denuncia de una institución, la cual se basó en los señalamientos de una asambleísta nacional. Un día después, el 18 de julio, la Policía Boliviana abrió de oficio el cuarto proceso en el municipio de Riberalta, departamento de Beni.

Sobre las cifras totales, la autoridad señaló que aún no existe certeza sobre la totalidad de víctimas. “Hasta acá teníamos 16 víctimas (…) Posterior a ello, se conoce de 15 presuntas víctimas en Riberalta. Pero no se tiene la certeza todavía (…) Queremos ser responsables y, en los posteriores días, vamos a dar con certeza (la cifra)”, indicó.

Para avanzar con el esclarecimiento de los hechos en Beni, la Fiscalía activó mecanismos de cooperación internacional, entre ellos la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. Asimismo, Mariaca garantizó que se activará la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos para resguardar a los afectados una vez que las autoridades logren ubicarlos.

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