El juicio oral y contradictorio del denominado caso denominado “Golpe de Estado I” contra los principales acusados excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ingresó a su fase final y se espera una pronta sentencia condenatoria, lo que marcará un “precedente inédito” para que este tipo de hechos no se repitan en Bolivia, informa la agencia estatal ABI..

El ministro de Justicia, Cesar Siles, informó del avance del proceso que tuvo un periodo de investigación de cerca de seis meses.

“El juicio está previsto que sea reanudado el 6 de enero próximo, entendemos que si se reanuda y no se presenta ningún (recurso) imponderable, debería avanzar en un par de semanas o tres hasta llegar a alegatos y posteriormente dictarse la sentencia (…) la sentencia será un precedente inédito”, consideró en una entrevista con la ABI.

En este proceso fueron investigados la exsenadora Jeanine Áñez, Camacho y Pumari, mientras los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Carlos Orellana, el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el exministro Luis Fernando López fueron declarados “rebeldes” porque huyeron de Bolivia. También está el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández.

Este caso denominado “Golpe de Estado I” tiene que ver con todos los hechos ocurridos entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. Camacho y Pumari fueron parte activa de las violentas movilizaciones cívicas denunciando un fraude en las elecciones de 2019, apoyado en un informe de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue puesto en cuestión por diversos informes de expertos internacionales.

“Es un proceso que en términos simples debe entenderse como los actos preparatorios del golpe consumado con la asunción al mando de la señora Jeanine Áñez que, además, fue demostrado en otro proceso denominado ‘golpe de Estado II’. Recordemos que existe una sentencia condenatoria y ejecutoriada (…) Golpe I, que se refiere a los actos preparatorios antes de que suceda la asunción al mando, involucraba inicialmente a 8 personas de las cuales parte de ellas fueron declaradas rebeldes”, recordó Siles.

El Ministerio Público colectó un total de 131 declaraciones informativas entre testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos de octubre de 2019, además de las declaraciones informativas de los acusados.

También se tiene pruebas documentales entre informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios, respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales, entre otras que sustentan la acusación formal y demostrarían la participación individualizada de los sindicados.

El juicio empezó el 17 de octubre, con la presencia de los principales acusados: Áñez, Camacho y Pumari, quienes guardan detención en diferentes cárceles.

“Antes de iniciar el juicio se presentaron una serie de incidentes y excepciones, acciones que, como actos de la Defensa (de los acusados), pretendieron dilatar el inicio del juicio; sin embargo, ya superada esa etapa comenzó el juicio. Podemos tener la certeza que, como manda el procedimiento penal, en las próximas semanas va a poder dictarse una sentencia condenatoria que es lo que pretende el Estado por estos graves hechos que han sido denunciados, imputados y ahora acusados”, afirmó Siles.

Con las respectivas medidas de seguridad, Camacho fue trasladado a su juicio desde la cárcel de Chonchocoro, en La Paz; Pumari desde la cárcel de Cantumarca, Potosí, y Añez desde el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.

Camacho y Pumari ejercieron su derecho al silencio durante la fase de alegatos, no dieron su versión sobre los hechos de los que son acusados.

“Ellos han sido acusados por terrorismo, conspiración y cohecho activo, son los tres delitos que quedaron en el acusatorio. Hubo incluso la acción de inconstitucionalidad que presentaron ambos con relación al delito de terrorismo, sin embargo, recordar también que ya varias otras exautoridades o personas procesadas por este delitos activaron la vía de inconstitucionalidad con relación a este delito y el delito está firme, enmarcado en nuestro Código Penal”, afirmó.

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