La primera gran marcha estudiantil contra los recortes del Gobierno de José Antonio Kast dejó un total de 35 detenidos, seis heridos entre manifestantes y policías y cuestionamientos a las fuerzas de seguridad por la forma en que se reprimió la protesta.
Entre los heridos, hay una universitaria a quien tuvieron que operar de urgencia y cuyo rostro ensangrentado se hizo viral en redes sociales y generó distintas críticas, como la del presidente colombiano, Gustavo Petro.
El estatal e independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indicó la noche del miércoles que la joven «ingresó con lesiones de carácter grave y, de acuerdo con lo informado por personal médico del lugar, requería intervención en pabellón».
Hasta el momento se desconocen las causas de las heridas y el actual estado de salud de la manifestante.
El Gobierno de Kast responde a las críticas
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la noche del miércoles el actuar de Carabineros (policía militarizada) y dijo que «el deber del Estado es cuidar a todas las personas, resguardar el orden público y respaldar a quienes protegen a los chilenos».
«Una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva», indicó en su cuenta de X el secretario de Estado, quien agregó que tres de los detenidos portaban bomba molotov.
También salió en defensa del cuerpo policial el delegado presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, Germán Codina, quien este jueves aseguró que «el comportamiento que tuvo carabineros fue solamente una respuesta frente a situaciones que se salieron de control».
Al grito de «¡La educación pública se defiende!», miles de estudiantes marcharon el miércoles por el centro de Santiago contra el plan de austeridad del Gobierno en la primera gran marcha desde la llegada al poder del líder ultraderechista.
La protesta fue organizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización estudiantil más importante del país y que aglutina a las principales universidades, y respaldada por otros gremios como la Coordinadora Feminista 8M o el Colegio de Profesores, que denunció una «represión desproporcionada».
Kast, que siempre ha defendido a las fuerzas de seguridad y sigue refiriéndose a la ola de protestas de 2019 como «estallido delictual», ordenó nada más llegar al poder en marzo un ambicioso plan de ajustes y recortes en la mayoría de los ministerios, equivalente a 2.000 millones de dólares.
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