El Ministerio Público determinó ampliar la denuncia por el caso Bajo Llojeta contra seis funcionarios de la Alcaldía paceña, quienes ahora pasan a calidad de investigados en este caso.
La información la directora jurídica del municipio, Amparo Morales, quien criticó la decisión de la Fiscalía por considerar que es una persecución política.
Los funcionarios ediles ahora investigados corresponden a la Secretaría de Resiliencia y de la subalcaldía de Cotahuma.
Los delitos por los cuales se los investiga son incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves, indicó la funcionaria.
La directora jurídica criticó que, en lugar de determinar responsabilidades de la empresa Kantutani, “lo único que se está haciendo es involucrar autoridades municipales y a funcionarios municipales que lo único que han hecho es cumplir con sus funciones”.
Morales insistió que el 23 de noviembre, día de la mazamorra, no ocurrió un desastre natural, sino ha sido un hecho provocado por la mano del hombre, específicamente por los movimientos de tierra que ha efectuado el Cementerio los Andes de la empresa Kantutani.
“Ellos han recibido una autorización para este movimiento por parte del municipio de Achocalla y ninguna autorización, ni mucho menos ningún trámite ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, agregó.
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