El Ministerio Público seguirá con la investigación de la denuncia de supuesta usurpación de funciones en contra de los magistrados del TCP, pero dejó establecido que en anteriores denuncias por este mismo delito los jueces y vocales declararon la incompetencia de la justicia ordinaria para procesar a magistrados y remitieron el caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para juicio de responsabilidades.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó esta semana que la denuncia radica en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca y recordó que los jueces y vocales marcaron una línea y jurisprudencia en sentido de que estos casos deben pasar a la ALP para que sean investigados como manda la Constitución Política del Estado.
“Vamos a ser respetuosos de las normas. Si el procedimiento manda que estas personas tienen que ser procesadas ante la ALP, ya será el pliego acusatorio que seguramente van a presentar las partes y será valorada en el lugar que corresponda, nosotros simplemente vamos a continuar realizando el trabajo que el Ministerio Público tiene que hacer dentro de sus facultades”, dijo Mariaca.
Por su parte, el fiscal departamental, Mauricio Nava Morales, indicó que el caso fue admitido en la Unidad de Análisis, pero, según la doctrina marcada por los jueces y los vocales de salas penales, estas autoridades gozan de privilegio constitucional y, en ese marco, declinaron competencia.
