El Ministerio de Economía aseguró que las medidas de control, fiscalización, confiscación o decomiso de alimentos, previstos en la disposición adicional séptima del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, no están dirigidas a los productores.
Esta aclaración fue transmitida el martes por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a los directivos de las 18 asociaciones de agricultores, agropecuarios y agroindustriales que forman parte de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), durante una reunión sostenida en Santa Cruz, de la que también participaron sus pares de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca; y de Desarrollo Rural, Yamil Flores.
En un comunicado fechado el 2 de diciembre, la CAO rechazó dicho artículo del PGE 2025 por considerar que abre paso a la “intervención indiscriminada” del Estado de las distintas cadenas productivas y pidió a los asambleístas nacionales la supresión de la figura de la confiscación.
Montenegro aseguró que “el espíritu de este artículo no es el de estigmatizar a los productores y a los buenos intermediarios”, sino actuar contra quienes se dedican a la especulación, ocultando productos o sacándolos del país vía contrabando.
La disposición en cuestión establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales”, las entidades competentes, podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, “a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
“Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad”, conforme a la reglamentación emitida por los ministerios pertinentes, agrega.
El Ministro enfatizó que la inclusión de esta disposición responde a una demanda ciudadana, que exige un esquema de control contra el agio y la especulación.
“Le hemos aclarado a la CAO que no es algo dirigido contra los productores o contra los intermediarios (…), sino contra aquellos malos operadores que se dedican al agio y la especulación. Este es el propósito de la norma”, remarcó.
Reglamentación
En la reunión, la autoridad invitó a los representantes agropecuarios a participar de la reglamentación de esta disposición adicional y aportar con su experiencia para que en su aplicación se logre los resultados que se buscan.
“Los marcos de las leyes, son genéricos. La aplicación efectiva se encuentra en la reglamentación. Los productores de la CAO y todos los actores están invitados a reglamentar el artículo para que se genere justamente esa confianza”, dijo.
El proyecto de ley, actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento y aprobación, mientras el Gobierno nacional socializa el PGE 2025 entre los actores económicos, sociales y políticos, según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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