Las irregularidades en el proceso de preselección en las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la habilitación de candidatos reprobados para cumplir los requisitos de equidad de género, cantidad mínima de postulantes y representación Indígena Originaria Campesina, motivaron a que postulantes inhabilitados planteen acciones de amparo por la vulneración de sus derechos. En algunos casos, pese a haber logrado la nota de aprobación, fueron excluidos.
Hay al menos 47 acciones de amparo y de cumplimiento presentadas por postulantes inhabilitados, según reveló el ministro de Justicia, César Siles. Las salas constitucionales resolvieron fallar a favor y en contra de los demandantes y estas resoluciones están en el TCP, que debe dictar su sentencia en última instancia.
Entre ellas están las acciones de las salas constitucionales de Pando y Beni, que el 15 de octubre declararon desierta la convocatoria de candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el TCP. En el caso de Beni, la justicia prácticamente paralizó el proceso de elecciones y dispuso la devolución de listas al Legislativo para la exclusión de los reprobados y la habilitación del accionante Hugo Vargas Palenque. Sin embargo, dos días después, una sala constitucional de El Alto, a través de una acción de cumplimiento, dispuso la continuidad del proceso.
Estas resoluciones, a favor y en contra de los accionantes, serán evaluadas por los magistrados del TCP, que en las próximas horas deberá dar a conocer su sentencia final. Hay dos opciones: o viabilizan o frenan el proceso de elecciones judiciales.
