La Asamblea Legislativa eligió este lunes como nuevo fiscal general del Estado al abogado Roger Mariaca, que hasta ahora se desempeñaba al frente del Ministerio Público en Santa Cruz.
La elección se definió en una sesión parlamentaria que se desarrolló durante poco más de cinco horas y media. Fue necesaria una segunda votación porque en la primera ningún candidato logró los dos tercios requeridos para ser proclamado como nuevo fiscal.
Mariaca requería obtener 107 votos parlamentarios y fue elegido con 115, mientras que el segundo candidato más votado en la primera vuelta, Milton Montellano, logró 33.
En los próximos seis años, Mariaca, de 36 años, sucederá en el puesto a Juan Lanchipa, que fue el fiscal general del Estado desde octubre de 2018, cuando fue elegido con apoyo de la mayoría legislativa del MAS.
En junio de 2020, Lanchipa designó a Mariaca como fiscal departamental de Santa Cruz, un cargo en el que se desempeñó de forma continua hasta el momento. Entonces, reemplazó a Mirna Arancibia, que estuvo unos seis meses en el puesto.
El nuevo fiscal general recibió siete impugnaciones en el proceso de preselección parlamentaria, seis por incumplir con el requisito de tener ocho años de experiencia mínima para aspirar al puesto, algo que el abogado negó, y una por presunta "violación de los derechos humanos".
Pese a las impugnaciones, fue habilitado para continuar en el proceso y llegó hasta la fase final, en la que resultó elegido. En la etapa de evaluación de méritos obtuvo 163 sobre 200 puntos.
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El nuevo fiscal fue director de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), cuando Bolivia perdió el litigio por la demanda marítima ante Chile en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Según el informe de la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, Mariaca es abogado con maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, cuenta con varios diplomados y cursos de especialización.
“Con 14 años de experiencia ha sido abogado en ejercicio libre de la profesión y docente en varias universidades. Ha publicado dos libros sobre derecho penal y derecho constitucional”, señala el informe.
También se desempeñó como vocal del Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Sierra, fiscal de materia de Santa Cruz y abogado independiente especializado en el área penal.
Caso Marset
Su paso por la Fiscalía departamental de Santa Cruz no estuvo exenta de polémicas y cuestionamientos como por el caso del narcotraficante uruguayo Sebstián Marset, que huyó de un operativo policial en Santa Cruz, en julio de 2023.
Entonces, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, cuestionó el trabajo de los fiscales asignados a este caso e incluso habló de favorecimiento al narcotráfico; en contrapartida, Mariaca salió en defensa del Ministerio Público.
“El trabajo del Ministerio Público ha sido responsable y objetivo, nosotros vamos a respetar siempre el debido proceso dentro de todas las investigaciones, también dentro de este proceso. Por eso es la confianza que se le puede dar a cada uno de los fiscales y por el compromiso que han demostrado dentro de la presente investigación en los diferentes procesos que se lleva adelante contra Marset y otros”, señaló.
Además, Mariaca destacó que con las órdenes de allanamiento y aprehensiones emitidas por el Ministerio Público, se logró afectar económicamente a la organización criminal liderada por Marset, a través de las investigaciones iniciadas por delitos relacionados al tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas y otros.
Denunciado por legitimación de ganancias ilícitas
Meses después, en septiembre, Mariaca fue denunciado por legitimación de ganancias ilícitas por el diputado “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar.
Según el legislador, el fiscal departamental presenta una conducta antieconómica por operar un consorcio de jueces que benefician a corruptos y narcotraficantes en Santa Cruz.
“El fiscal departamental recientemente ha rechazado dos procesos de corrupción relacionados con Angélica Sosa. Uno de ellos es un caso denominado Terrenos Municipales que involucra contratos lesivos al Estado; el otro caso es denominado Caso Casa de Campaña con dinero proveniente de la Alcaldía”, denunció entonces el diputado Cuéllar.
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