La frase de “le meto nomás, por más que sea ilegal, después que arreglen los abogados”, acuñado por Evo Morales, comienza a cobrar factura en procesos ante los tribunales internacionales que al Estado le costarán millones de dólares en reparación de daños y perjuicios, advierten abogados constitucionalistas como Arturo Yáñez y Jaime Hurtado.
El mes pasado, el entonces procurador general del Estado, César Siles (ahora Ministro de Justicia), reveló que en el sistema interamericano de derechos humanos hay al menos 123 casos de presuntas vulneraciones a los derechos humanos. De esa cantidad de peticiones, unos 110 llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Procuraduría indicó que, hasta abril de este año, debido a casos con sentencia o solución amistosa, el Estado tuvo que pagar casi 3 millones de dólares por esta causa.
ALGUNOS CASOS
Entre los procesos en los tribunales de justicia internacionales aparecen los de los exjueces transitorios destituidos por el Consejo de la Magistratura, desde 2020; el caso terrorismo, por las muertes y torturas en el hotel Las Américas en 2016, que recientemente pasó a fase de juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Además, hay otros de vulneraciones de derechos como el de La Calancha (2007), el de la crisis política y social de 2019, y la reelección indefinida en la que se impugnó la Sentencia Constitucional 084/2017 que avaló la repostulación de Morales por cuarta vez a la presidencia. También se cuenta el caso de Miriam Greminger, que acudió a la CIDH por el asesinato de su hijo, en la impunidad desde hace más de 20 años. Y el de políticos que acudieron a la CIDH: los exprefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de Tarija, Mario Cossío.
VÍCTIMA
Alcides Mendoza, una de las víctimas del asalto policial al Hotel Las Américas en Santa Cruz, estuvo 11 años detenido en diferentes cárceles del país y expresó su satisfacción porque al fin su caso llegó a la CorteIDH.
“Muy contento porque al fin llega a una Corte que queríamos nosotros, donde no mete mano el MAS, porque en Bolivia no hay justicia. Ahí estamos ante la Corte IDH con sede en San José de Costa Rica; estamos preparados y la CIDH que actúa como fiscal es nuestro aliado, ellos van a defender su resolución (acusación) y está claro que el Estado boliviano, a la cabeza de Evo Morales, si bien no dan nombres, pero sabemos a quién va dirigido el caso”, dijo a CORREO DEL SUR.
Durante 11 años, Mendoza pasó por las cárceles de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija, donde fue torturado y hasta el día de hoy sufre las secuelas porque no puede trabajar.
