La Defensoría del Pueblo pidió este lunes al Tribunal Constitucional (TCP) que aclare la sentencia que autoriza los mercados de carbono en Bolivia, en la que no se tomó en cuenta los argumentos de la Vicepresidencia del Estado que generó la norma que prohibía dicho comercio.
El pasado 19 de julio, el TCP declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien.
El artículo establecía “la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra”, mismos que “no incluirán mecanismo de financiamiento a los mercados de carbono”.
En la sentencia, el TCP hizo una valoración de las normas internas y los instrumentos internacionales como el Acuerdo de París y el Protocolo de Kyoto, ratificados por Bolivia, en los que se hace referencia al uso de los bonos de carbono como una medida para combatir el cambio climático.
