Las sentencias que dictan los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional (TCP) tienen garantías de legalidad y constitucionalidad y no serán anuladas, aseguró a CORREO DEL SUR el presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes, al desmentir a abogados y actores políticos que afirman lo contrario.

La máxima autoridad del Órgano Judicial dijo que si bien los actuales magistrados concluyeron su mandato de seis años en diciembre de 2023, recordó que, por la Declaración Constitucional 049/2023, se amplió su periodo de funciones de forma indefinida hasta que sean posesionados sus reemplazantes, elegidos por voto.

Jaimes habló del tema ante los cuestionamientos que resurgieron en las últimas horas acerca de la legalidad de las sentencias de los magistrados “prorrogados”, así considerados por abogados y parlamentarios de la oposición y ‘evistas’ del MAS.

La senadora y exmagistrada Silvia Salame (CC) indicó en más de una oportunidad que los fallos de las actuales autoridades son nulos de pleno derecho. “Todo lo que actúen a partir del 2 de enero es ilegal y, por eso, está en grave riesgo la seguridad jurídica del país”, alertó el mes pasado.

Frente a las posiciones como estas, Jaimes dijo que los magistrados “en absoluto” tienen dudas del ejercicio legal de sus funciones y agregó que están convencidos de cumplir una declaración constitucional (049), emitida por el TCP el 11 de diciembre de 2023, que es de carácter vinculante.

“Por la seguridad jurídica que es reconocida por la Constitución y las leyes, todas las resoluciones que venimos dictando lo que hacen es simplemente que el servicio de justicia está abierto a la población y que este debe continuar en los términos de prontitud, probidad y justicia cumplida”, declaró.

Según el Presidente del TSJ, en ninguna parte del mundo es “concebible” el descabezamiento de un órgano del poder público, lo que, de acuerdo con su punto de vista, se pretendía hacer a través de algunos artículos de la ley de convocatoria a elecciones judiciales que, finalmente, fueron declarados inconstitucionales por el TCP y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tuvo que ajustarlos para continuar con el proceso previo a los comicios.