El ala ‘evista’ o radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) confirmó para este lunes un congreso de ese partido en Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, donde prevé reunir a unos 1.300 delegados y 30.000 militantes. Se adelantó que la reunión se llevará a cabo con o sin supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), uno de cuyos vocales dijo el sábado que no harán un acompañamiento oficial del cónclave.
El anuncio llegó acompañado de amenazas contra el TSE por su decisión de no supervisar el congreso. La dirigencia del ‘evismo’ asegura que cumplen con las exigencias del caso, mientras que el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe declaró que el órgano electoral “no va a asistir” al evento “porque no se cumplieron con los requisitos formales”.
Este domingo, Morales protestó porque “nos están obligando a que debemos consensuar con los otros dirigentes sin bases. Todo el pueblo boliviano sabe (que son dirigentes) en base a prebendas”. Luego, añadió: “El plan que tiene el Gobierno, como Estados Unidos, el imperio, y como la derecha, si no es quitarnos la sigla (del MAS) es proscribir e inhabilitar a Evo”.
La molestia de su sector del MAS contra el Gobierno tiene que ver también con la decisión de David Choquehuanca, en su condición de presidente en ejercicio, de pedir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se pronuncie sobre las leyes aprobadas el jueves pasado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Ese día, evistas y opositores hicieron mayoría para sancionar dos leyes, una de las cuales dispone el cese de las autoridades judiciales que continuaron en sus cargos este año después de que el TCP, el 12 de diciembre de 2023, resolvió la prórroga de sus mandatos.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Ernesto Jaimes, aclaró el viernes, en declaraciones a CORREO DEL SUR, que la ALP no tiene atribuciones para cesar a los magistrados porque su continuidad se fundamenta en la interpretación de la Constitución realizada por el TCP en la Declaración Constitucional 049/2023, de ampliación de mandato. Recordó que esta interpretación es de carácter obligatorio y vinculante.
