Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “el elevado número de investigaciones sin avance” en Bolivia sobre los hechos violentos desatados durante la crisis pre y poselectoral de 2019, que van desde las torturas e intentos de ejecuciones en Vila Vila y Playa Verde –las menos nombradas– hasta las masacres de Senkata y Sacaba.

“La verdad, no hubo progreso respecto a los hechos que pasaron. Hubo detenidos y demás, pero con lo que nuevamente entró el gobierno del MAS, las personas que fueron apresadas, estaban encerradas, fueron liberadas parcialmente; no hubo para nosotros una ley que nos apoye (…) De nosotros no habla nadie, no comentan nada, nos dejaron en el olvido”, manifiesta Franz Soraide, víctima del ataque armado a la Caravana Minera, ocurrido a las 6:00 del 10 de noviembre de 2019, en la planicie denominada Playa Verde, entre las localidades de Challapata y Huancane, Oruro. 

El 9 de noviembre de ese año, la Caravana Minera partió de Potosí al auxilio de la Caravana del Sur, tras las agresiones que esta última sufrió en Vila Vila, cuando iba a La Paz a reforzar las protestas contra el entonces presidente Evo Morales, acusado de fraude. Ya en Oruro, al toparse con bloqueos, la comitiva de mineros intentó negociar su paso y recibió disparos. 

Todo está documentado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la CIDH para investigar todas las violaciones cometidas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

Esta semana, la CIDH publicó su primer informe de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI: estableció que, a esta fecha, Bolivia cumplió dos recomendaciones y avanza en otras 12.

“Los de la GIEI que realmente vengan a ver, que se percaten de todo, que manden a una persona encargada, a un abogado, abogada, que cumplan también todo el acuerdo en que han quedado el Gobierno y los del GIEI”, expresa Franz durante una entrevista concedida a Correo del Sur Radio (FM 90.1 y 980 AM) junto a su madre, Soraya Viscarra.

Franz remarca que tampoco puede decir que el Gobierno no les apoyó en nada. Hubo una indemnización, según el grado de invalidez. Por eso, a sus compañeros, también heridos de bala, “no les tocó ni un centavo”; Franz considera que lo que él recibió –no menciona el monto– fue muy poco. También les otorgaron cupos de alimentación, a todos, en dos oportunidades.

Las ofertas de becas de estudio, fuentes laborales y otro tipo de ayuda, si las hubo, solo quedaron en promesas.

“Si pudieran darnos un trabajo seguro, tal vez para los jóvenes, o un estudio, porque son jóvenes todavía, ellos pueden estudiar, darnos tal vez una beca”, dice Soraya, madre de Franz, quien prácticamente enfrentó sola el mes que Franz estuvo en terapia intensiva y el proceso judicial en Oruro, a donde dejó de viajar por falta de dinero. Es ama de casa y se sostiene con la venta en una tienda de barrio.

Franz intentó volver a la mina, “así mal”, pero no pudo por las secuelas. No puede alzar el brazo, no transpira bien y aún le duele parte de la pierna, quizá por el nervio que tuvieron que cortarle para sacarle la bala del cuello.

“Ya no puedo entrar a la minería por los pulmones. La bala rozó el pulmón y me afectó (…) Por el momento me encuentro sin trabajo y sin estudio. Tengo ganas de trabajar, me sobran las ganas de trabajar; también quiero estudiar, pero no lo puedo hacer”, lamenta.

Él tenía 25 años, pareja y dos hijos cuando la tragedia ocurrió. Fueron seis heridos, cinco de bala, dos estuvieron en terapia intensiva en Oruro. A 2023, se ganan la vida en distintos oficios, ya sea pintor o albañil, al no haber regresado a la minería; uno se fue a Buenos Aires, Argentina, donde tenía familia que podía ayudarle, cuenta Soraya, quien los representó a todos y sigue en contacto con ellos.

“Gracias a Dios no hemos tenido pérdidas de vidas, pero ya no es lo mismo, quedaron muchas secuelas”, manifiesta.

LO QUE ESPERAN

“Del Gobierno yo esperaría que sea imparcial con todos, no solamente con aquellas personas que van apoyando a su partido, que no haya discriminación porque eso es un delito también en nuestro país, y que nos apoyen a todos en general como lo han dicho”, dice Franz.

Una de las conclusiones del último informe de la CIDH presentado esta semana señala lo siguiente: “La CIDH resalta el impacto positivo que ha tenido la ampliación de los mecanismos de ayuda humanitaria que se han implementado para algunas de las víctimas de los hechos de violencia, sobre todo de aquellas personas heridas o familiares de fallecidos en el marco de las masacres de Senkata y Sacaba, como de otros hechos relacionados con el desproporcionado uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Esto, sin embargo, visibiliza el reto de institucionalizar y complementar dichas ayudas humanitarias como parte de un programa de reparación integral que abarque a todas las víctimas de los hechos de violencia identificados por el Informe del GIEI, lo que incluye a las personas detenidas arbitrariamente, a las personas torturadas, a las personas perseguidas y a las personas relacionadas a hechos de violencia donde se evidenció la falta de protección y garantías por parte del Estado”.

SIN JUSTICIA

Franz Soraide

Víctima

“Volvió a entrar el MAS y solamente apoyaron a los del MAS, a las personas del MAS (…) Que no sea solamente hablar, que no se quede en el pasado, que haya justicia”

EN EL OLVIDO

Soraya Viscarra

Madre

“No hay justicia para Potosí, ya sea para los mineros, de la feria, que han sido afectados en Playa Verde y en Vila Vila. Han quedado totalmente en el olvido de las autoridades”.

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