El sistema judicial busca mecanismos para utilizar los recursos de las fianzas económicas que dejaron los imputados en la recaptura de los mismos en caso de darse a la fuga, sobre todo en delitos de feminicidios y violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Las fianzas económicas de las personas imputadas por delitos, y que se beneficiaron con alguna medida cautelar que no sea la detención preventiva en la cárcel, están depositadas en las arcas de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial pero no hay solicitudes para hacer uso en la recaptura.
El primer informe del Observatorio Judicial Defensorial, de junio de este año, reveló que en los últimos 10 años, se fugaron 467 personas que cometieron delitos de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. A su vez este informe desveló que los prófugos no están siendo buscados. Esta alerta movilizó a las instancias competentes como el Ministerio Público, Policía y otras entidades estatales.
