Esta madrugada, el juez Helmer Laura definió otros seis meses de detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, por el paro cívico de 36 días que el año pasado se realizó en contra de la reprogramación del Censo de Población y Vivienda.
La denuncia fue presentada por el dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Marcelo Mayta, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y el Viceministerio de Transparencia Institucional en la ciudad de La Paz por supuestamente cometer el delito de terrorismo con el paro cívico.
La audiencia se instaló la tarde de ayer y duró hasta las primeras horas de este viernes. Durante el proceso, según la defensa de Camacho, el Ministerio Público no pudo sostener los supuestos delitos que habría cometido la autoridad departamental, tampoco se consideró fundamentar los riesgos procesales.
Martín Camacho, abogado del denunciado, anunció que apelará la decisión por una serie de incidentes y excepciones.
Entre tanto, el gobernador cruceño continuará en la cárcel de Chonchocoro porque el miércoles pasado recibió otra ampliación a su detención preventiva por cuatro meses dentro del caso “golpe de Estado I”.
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