Bolivia se encamina a sus terceras elecciones judiciales con el mayor descrédito de los últimos tiempos, salvo haya voluntad política que cambie la situación actual en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si el MAS se pone de acuerdo y avanza, según lo previsto, este jueves, su mayoría en la ALP aprobará los ajustes al reglamento y una nueva convocatoria, con lo que la mirada volverá a dirigirse al registro de candidatos y, luego, a los pasos que deban cumplir con reglas mínimas y, por lo mismo, cuestionadas.
“Los tiempos todavía son lo suficientemente amplios para que si hay voluntad política adoptar estos ajustes al nuevo reglamento que hoy día está nuevamente en debate. ¿Y por qué está en debate? Por los problemas que ha significado desde el inicio este tercer proceso de elección de altas autoridades”, afirmó la mañana de ayer, martes, a Correo del Sur Radio Javier Tapia, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), institución que en diciembre de 2022 presentó una propuesta de reforma judicial integral, que todavía ve posible que sea tomada en cuenta.
“Aquí no se trata de complacer a postulantes, aquí no se trata de complacer a los propios poderes públicos del Estado. Aquí de lo que se trata es de enmendar una situación que históricamente tiene décadas de una situación conflictiva y de una pobreza del sistema judicial que afecta a todos los bolivianos. Por lo tanto, creemos que es factible que en el reglamento se dispongan de determinadas restricciones previendo el beneficio mayor", insistió, refiriéndose a su planteamiento –en el que coincide con la senadora de CC Silvia Salame–: restricción a las autoridades judiciales salientes, que ni siquiera fue contemplada.
La semana pasada, un juez constitucional de Beni anuló la convocatoria y dispuso ajustar el reglamento por la inclusión del requisito que vetaba a los postulantes que hubieran expresado postura política de manera pública; lo consideró violatorio de sus derechos pese a los cuestionamientos.
