El Gobierno confirmó la salida de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero aclaró que no se trata de una expulsión, como los legisladores de oposición denunciaron, sino que la razón recae en la conclusión del convenio que existía.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores aclara a la opinión pública ante versiones falsas emitidas sobre la supuesta expulsión de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ésta instancia ha cumplido el tiempo de permanencia en el país que se había acordado anticipadamente con el Estado”, indica el comunicado que emitió la Cancillería.
La Misión Técnica llegó al país en 2020 por un convenio firmado con el gobierno de Bolivia que duró un año, inicialmente, pero fue extendido por un año más hasta diciembre del 2022.
El propósito de la delegación fue constatar las violaciones de derechos humanos registrados a finales del 2019 durante la crisis política tras los comicios presidenciales.
La jornada pasada, legisladores de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar un presunto retiro de la Misión de Naciones Unidas por parte del Gobierno para dejar vulnerable a la población boliviana.
La senadora de CC Andrea Barrientos exigió al Gobierno que confirme si la misión de Naciones Unidas dejó el país en un contexto donde se vive varias vulneraciones a los derechos humanos.
La senadora de CC Cecilia Requena sostuvo que la salida de la representación internacional aumenta la desprotección de la población.
“En este momento nuestra desprotección es enorme, porque no existen otras instancias de defensa de los derechos humanos que tengan asiento en el país como Amnistía Internacional o Human Rights Watch”, dijo Requena.
El comunicado de la Cancillería asegura que el Gobierno seguirá impulsando, promoviendo y garantizando de manera comprometida el ejercicio y goce pleno de los derechos humanos como indica la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales; sin embargo, dijo que ahora coordinará con esa representación de las Naciones Unidas desde Suiza o a través de su oficina en Chile.
“(El Gobierno) ratifica su compromiso de seguir trabajando y cooperando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza y/o a través de su Oficina Regional para América Latina, con sede en la ciudad de Santiago, Chile”, dice el documento.
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