La justicia ratificó este jueves la detención preventiva por cuatro meses del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, investigado por la crisis de 2019.

En una audiencia virtual que duró más de siete horas, la vocal Rosmery Pabón consideró “improcedentes” las apelaciones presentadas por la defensa de Camacho, que pedía la cesación de la detención preventiva, y también de las entidades acusadoras, que demandaban la ampliación de su encarcelamiento a seis meses.

Pabón recordó que el Ministerio Público tiene seis meses para desarrollar los actos investigativos en cualquier acusación, pero consideró que “los elementos expuestos para determinar” la detención preventiva por cuatro meses tienen “la suficiente logicidad jurídica”.

“Este Tribunal de alzada cree que existe la necesidad de que el ciudadano Luis Fernando Camacho guarde detención preventiva”, justificó y resolvió confirmar lo dispuesto por el juez Sergio Pacheco el 29 de diciembre, un día después de la detención del Gobernador cruceño.

La defensa de Camacho reiteró sus denuncias de vulneraciones a sus derechos e insistió en que la resolución que dispuso su encierro carece de fundamento y es una copia exacta de la imputación de la Fiscalía contra el opositor.

El Gobernador tuvo un par de minutos para hablar durante la audiencia, en la que por momentos hubo tensiones entre los abogados defensores y las instituciones que le acusan, además de algunas interrupciones de personas ajenas al proceso que manifestaron apoyos e insultos hacia Camacho.

En su intervención, negó que pueda influir en la investigación del caso aprovechando su calidad de Gobernador.

“Decirles (a los querellantes) que han mencionado mi estado de Gobernador. Yo pudiera haber hecho o haber usado esa influencia para lograr muchas cosas, (pero) quiero decirle que esta denuncia fue realizada el 2020, yo no era presidente del Comité Cívico, yo no era Gobernador. Pude haberme ido y no me fui. Ese no soy yo, señora vocal. No me fui”, dijo