La ministra de la presidencia María Nela Prada lamentó este sábado que el gobernador Luis Fernando Camacho, el vicepresidente del comité cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis y otros dirigentes se hayan retirado de la mesa de diálogo al más puro estilo de “niños malcriados”, porque no se les aceptó su propuesta de decreto supremo fijando una fecha del censo el año 2023.
En parte final de la fracasada reunión en Santa Cruz, Prada se acercó al presidente del comité interinstitucional del paro, Vicente Cuéllar, para decirle que “las personas que se retiraron son responsables de la violencia y de lo que vaya a pasar de aquí en adelante, del gran perjuicio que se está ocasionado al pueblo cruceño y al pueblo boliviano”.
La ministra junto a su equipo de colaboradores valoró la decisión de Cuéllar de quedarse hasta recibir la propuesta del gobierno, consistente en un proyecto decreto de supremo complementario al 4760 para dejar que una mesa técnica pueda fijar la fecha del diálogo en función al análisis técnico.
Lamentó que Camacho y los cívicos hayan retornado con una línea de romper el diálogo, luego del cuarto intermedio, tiempo en el cual los cívicos habrían elaborado su propuesta de decreto supremo para abrogar el decreto 4760 que posterga el censo hasta el 2024.
Posteriormente en una conferencia de prensa, insistió que esa propuesta no tenía sustento técnico y que la abrogación no era necesaria porque ya había la propuesta de la complementaria que también habilita abre la posibilidad de que las universidades, municipios y organismos internacionales participen en la organización del censo.
Dijo que entre la propuesta del comité y del gobierno la diferencia es un mes y reprochó que el gobernador cruceño haya preferido imponer sus intereses políticos de llevar a la confrontación al país. Sostuvo que lo mejor que sabe hacer Camacho es confrontar y alimentarse del conflicto porque no tiene vocación democrática ni sabe construir consensos.
La autoridad ratificó que el gobierno mantiene inalterable el cronograma de preparación del censo, aunque dejó abierta la posibilidad de reinstalar la mesa de diálogo, si los del comité cívico así lo desean.
Entre tanto, exigió que Camacho y los cívicos cruceños se hagan cargo de sus acciones y sus consecuencias porque ya anteriormente el presidente del comité cívico Rómulo Calvo habló de un muerto y una persona resultó asesinada por exigir su derecho al trabajo en Puerto Quijarro.
Explicó que otra de las consecuencias es la pérdida económica de un millón de dólares por hora de paro en Santa Cruz, un perjuicio que el presidente Luis Arce pretendía evitar enviando a una comisión de ministros para instalar una mesa de diálogo que fue televisada por el canal estatal con el fin de otorgar transparencia al debate por el censo.
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