El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional investiga aparte del caso “coima millonaria” en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), otros dos contratos suscritos por la empresa Harbour Engineering Company (Chec) con el Estado boliviano.

“Hasta la fecha son tres (contratos)”, respondió la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, al ser consultada sobre cuántos contratos con la empresa china están siendo investigados por su despacho.

La autoridad dijo que son contratos de “varias gestiones”, aunque prefirió mantener “en reserva” la información de ambos casos, porque -dijo- se trata de una investigación documental, para resguardar la información y para que la documentación no sea modificada y se presenten dificultades.

El Ministerio de Justicia hizo conocer que estaba ´-presuntamente- investigando el caso ABC, después que el diputado del MAS Héctor Arce hizo pública su denuncia contra el presidente de la entidad de carreteras, Henry Nina, y otros funcionarios por el presunto cobro de una coima de Bs 18,2 millones a la compañía china.

Arce denunció el caso en la Fiscalía de Sucre el 1 de septiembre, cinco días después el ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió al tema en conferencia de prensa en la que observó de imprecisa una declaración del expresidente Evo Morales quien dijo que el año pasado alertó al Gobierno sobre este caso.

Lima en esa oportunidad argumentó que el contrato había tomado en cuenta el precio más bajo, aunque también dijo que si existía alguna irregularidad se investigaría caiga quien caiga.

La viceministra rechazó que su despacho solo se haya querellado contra los funcionarios de cargos inferiores, explicó que en realidad se querellaron en un proceso penal en el que solicitaron la ampliación contra los miembros de la comisión responsable del proceso de contratación.

“Lo importante de este tema es que se pueda identificar a los partícipes y a partir de las pruebas del proceso de investigación se puedan aplicar las sanciones más drásticas contra a los posibles responsables”, sostuvo Ríos.

Asimismo, precisó que se podrá hablar de una “coima” cuando se tenga las evidencias del origen o de dónde salió el dinero y cuál fue su destino. Comentó que ahora se investiga el delito de legitimación de ganancias ilícitas, es decir, que hay un dinero que ha salido de una empresa, pero no está respaldado y se investiga su destino.

Hasta la fecha, la Fiscalía no ha imputado al titular de la ABC, no obstante fue presentado en la denuncia del diputado Arce. Sin mucha publicidad Nina habría prestado su declaración la pasada semana.

Ministerio pidió levantar la reserva del caso, cuando ya no tiene restricción

Por otra parte, la funcionaria dijo que se ha “presentado un memorial para que se levante la reserva y que la información esté disponible, además para que se permita seguir aportando con las diligencias probatorias".

Sin embargo, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó el pasado 15 de septiembre que la declaración de reserva había sido levantada tras cumplirse los 10 días de esta medida de restricción.

La Fiscalía pidió a la autoridad jurisdiccional, tras estallar el escándalo, que se disponga la reserva del caso, la medida fue cuestionada por los legisladores del MAS y dirigentes de organizaciones sociales. 

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