El Estado boliviano, a través de la procuradora general del Estado interina, Patricia Guzmán, presentó el pasado viernes sus alegatos finales en el caso de La Calancha que se ventila en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el documento al que accedió CORREO DEL SUR, el Estado boliviano justifica la actuación de la Policía durante los hechos luctuosos de noviembre de 2007 y afirma que hubo una reparación a las víctimas.

En noviembre de 2007, tres jóvenes cayeron muertos por efectos de la represión policial contra pobladores que salieron a protestar a las calles porque se había excluido del debate de la Asamblea Constituyente la demanda de capitalidad plena para Sucre. El caso en la CIDH lleva el nombre de Gonzalo Durán, el primer muerto por bala, cuyos padres adultos mayores no ven justicia hasta ahora; progenitores de las otras dos víctimas, Gonzalo Serrudo y José Luis Cardozo, fallecieron sin que se hallaran a los culpables de las muertes. 

“El Estado ha demostrado fehacientemente que, cuenta con la normativa vigente que regula las actuaciones de los efectivos policiales, y que estos se encuentran enmarcados en los estándares internacionales; que el uso de la fuerza ejercida respondió a la legalidad de las normas descritas y la necesidad inminente por el riesgo de sus propias vidas y del conjunto; la proporcionalidad, que se encontró en los violentos hechos a los que fueron expuestos los efectivos policiales”, señala una de las conclusiones de los alegatos del Estado boliviano.

Agrega que el derecho internacional humanitario “no podrá ser invocado con objeto de menoscabar la soberanía del Estado por la responsabilidad de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado”, y, en otro punto, asegura que “agotó los mecanismos para brindar la protección del conjunto y restablecer el orden público”.

Para el Estado, durante los hechos de La Calancha, “las víctimas no fueron sometidas a ningún trato cruel o inhumano” y los manifestantes “no desarrollaron su protesta en un ámbito pacífico y no se configuraron los elementos y estándares mínimos para alegar una presunta responsabilidad del Estado”.

Sobre los movilizados, el Estado añade que las organizaciones que conformaban el denominado Comité Interinstitucional “lograron la reducción policial a través del amedrentamiento, ataque constante y su desabastecimiento, a causa de la toma del aeropuerto, las instituciones policiales y el cierre de las carreteras”.

Reparación a víctimas

En las conclusiones de sus alegatos, el Estado también se refiere a la reparación a las víctimas y afirma que asumió esta responsabilidad sin la necesidad de un pronunciamiento por parte de la CIDH, “mediante un pago económico único acorde a los hechos, que fue recibido y aceptado por los beneficiarios, como reparación económica, por la muerte de sus hijos, sin objetar alguno”.

“Las presuntas víctimas, en el marco de la amplía jurisprudencia de los actos consentidos, aceptaron dicha reparación pecuniaria, sin objetar monto una acción alguna, subsumiendo su actuar, la expresión propia de su voluntad”, señala una de las conclusiones.

Retardación de justicia

Desde la bancada de República 2025, cuyo líder Horacio Poppe presentó la demanda ante la CIDH en 2015 cuando era diputado, la concejala Melisa Cortés afirmó que el Gobierno justificó las muertes en Sucre señalando que corría peligro el orden constitucional y la vida de los constituyentes, pero no se refirió a la retardación de justicia desde 2007.

“Justifican de alguna manera que se puso en su momento en riesgo el orden constitucional y la vida de los constituyentes, pero no especifica de manera clara de la retardación de justicia en este tema específico”, indicó Cortés, en un contacto con Correo del Sur Radio FM 90.1.

Recordó que el objetivo de la demanda es constatar la violación de derechos y, principalmente, la retardación de justicia para que la CIDH conmine al Estado boliviano a iniciar un juicio de responsabilidades contra los autores intelectuales, el expresidente Evo Morales y el exministro Alfredo Rada.

El exfiscal general Mario Uribe dejó fuera de la acusación a Morales y solo mantuvo a su exministro y a exjefes policiales, contra los que tampoco ha avanzado ningún proceso.

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