La alianza Observación Ciudadana de la Democracia, la Ruta de la Democracia y la Fundación Jubileo denunciaron que el Gobierno intenta violar la Constitución Política del Estado (CPE) al pretender designar al Defensor del Pueblo, y dar poder al Órgano Ejecutivo por la “incapacidad” en la Asamblea Legislativa para acordar la designación de una persona que ocupe el cargo.

“La advertencia del ministro de Justicia, Iván Lima, que señala que tendrá que ser otro órgano del Estado el que tome medidas de emergencia para nombrar a altas autoridades –si la ALP no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución- demuestra que el Gobierno estaría decidido a violar la Constitución Política del Estado, a no respetar la independencia de poderes y a concentrar el poder en el Órgano Ejecutivo, atentando de esta manera contra el estado de Derecho y la democracia, con el consiguiente debilitamiento de los derechos y garantías de la población boliviana”, señala una parte del pronunciamiento. 

En cuatro oportunidades, los legisladores del oficialismo y la oposición no pudieron ponerse de acuerdo para designar a una persona que ocupe el cargo en la Defensoría del Pueblo. El 14 de julio de 2022, la Sala Constitucional Cuarta del Distrito Judicial de La Paz exhortó a la Asamblea Legislativa designar un Defensor del Pueblo, además prolongó el interinato de Nadia Cruz en ese despacho. 

Además, el documento señala que la resolución judicial deja abierta la posibilidad de que el Órgano Ejecutivo pueda nombrar a autoridades como el Defensor del Pueblo, el Contralor General del Estado, los magistrados del Órgano Judicial y el Fiscal General del Estado.

Con esta Resolución, el presidente Luis Arce, podría nombrar mediante decreto a altas autoridades del Estado, concentrando de esa manera en su persona los poderes y facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en desconocimiento del rol constitucional de la Asamblea Legislativa de representar a las mayorías y minorías.

“Expresamos nuestra preocupación ante la falta de compromiso y la incapacidad de lograr consensos por parte de la clase política en la Asamblea Legislativa (…) porque está provocando el quiebre de la institucionalidad democrática con los consecuentes riesgos que eso conlleva”, menciona otra parte del documento.

Ante esa amenaza que lanzó el ministro de Justicia, Iván Lima, la alianza Observación Ciudadana de la Democracia, la Ruta de la Democracia y la Fundación Jubileo anuncian su repliegue de la tarea de veeduría, en tanto se restituyan estas garantías, conforme a derecho.

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