Lograr una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto contra un feminicida no es justicia si quedan huérfanos a su suerte con una madre muerta y un padre en la cárcel y sin el apoyo del Estado, señala Marcela Molina, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
“No es suficiente el dictamen de la sentencia judicial para obtener justicia”, remarca la profesional en entrevista con ANF y refiere que muchas abuelas que se quedan a cargo de sus nietos carecen de recursos económicos y capacidad para ofrecerles un desarrollo adecuado frente a la tragedia.
La ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia señala en su artículo 36 que las hijas e hijos menores de edad, huérfanos -del feminicidio- deben ser puestos “de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna”, y de no haber este vínculo, van directamente a los centros de acogida estatales.
Molina resalta que los centros de acogida son instituciones con una serie de falencias que no garantizan el desarrollo integral de los menores de edad, que además al cumplir los 18 años deben abandonar el lugar.
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