Después de la muerte de Marco Aramayo, apareció la Fiscalía General del Estado (FGE) para informar que eran 95 procesos contra el exdirector del Fondo Indígena, de los cuáles 59 están activos; este dato contradice el informe de la Defensoría del Pueblo que reportó 88. No obstante la defensa ratificó la existencia de 256 casos.

El secretario general de la FGE, Edwin Quispe, calificó de “erróneas” y “falsas” las declaraciones sobre que hubieran existido 200 procesos en contra de Aramayo”, debido a que el Ministerio Público registró 95 procesos, de los mismos 36 fueron cerrados, (34 con rechazo y dos con sobreseimiento), lo que quiere decir es que tenemos un total de 59 procesos activos.

Este dato contradice la información que proporcionó la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, quien dijo que no eran 256 casos en contra del exfuncionario sino 88.

“La información oficial recibida sobre los procesos penales que se desarrollan en contra de Aramayo, muestra hasta 88 procesos penales, cifra que difiere de la que se maneja en la opinión pública, su propia defensa técnica e, inclusive, de instancias estatales. En este contexto, la institución defensorial expresa su preocupación por la falta de información precisa reportada, lo que genera una situación de incertidumbre y falta de seguridad jurídica”, publicó la Defensoría en su portal web.

Sin embargo, el abogado que asistió legalmente a Marco Aramayo, Héctor Castellón, ratificó que son 256 procesos, distribuidos en los nueve departamentos del país. Situación que era prácticamente imposible atender.

El propio Aramayo denunció en varias ocasiones que tenía más de dos centenas de procesos en su contra, como si hubiera sido el único responsable de la institución, la que fue creada para financiar proyectos dirigidos a los pueblos indígena originario campesino a través de los movimientos sociales afines al MAS.

Quispe rechazó que hubiera actuado con cualquier "presunto favorecimiento a la impunidad, nos parece totalmente irresponsable por parte de las autoridades políticas que se pronunciaron sobre el tema”, dijo Quispe. Acotó que Aramayo contaba con tres sentencias condenatorias, una fue en Tarija en la que debía cumplir ocho años de prisión; en Santa Cruz con una condena de cinco años y en Oruro tres años y cuatro meses, por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Señaló que existen 31 procesos con acusaciones formales para juicio oral y anunció que los procesos no se paralizan por la muerte de Marco Antonio Aramayo, más únicamente se deberían extinguir los mismos con relación a esta persona y continuar contra el resto de los investigados.

Quispe dijo que no era el único con medidas cautelares sino también fue detenida la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achachollo, sin embargo, a diferencia de Aramayo, la exautoridad enfrenta un proceso y asume su defensa en libertad. También manifestó que Damián Condori estuvo en la cárcel. 

De los 59 procesos, más o menos, tenemos por cada uno un promedio de tres a cuatro personas involucradas y todas están siendo sujetos a control jurisdiccional, precisó. Negó que exista retardación de justicia porque lograron tres sentencias y que estaban en curso otros procesos.

Con relación a que se debería unificar los procesos en contra de Aramayo, el funcionario dio que “Existen muchos hechos y muchos participes, entonces ponerlos a todos en una misma bolsa es generar un estado de indefensión de las otras partes y segundo generar una complejidad en el proceso investigativo porque existen 59 procesos activos, donde supuestamente tenemos tres personas investigadas promedio, son más de 150 ciudadanos que van a tener que estar dentro de un proceso, es decir que se vuelve inviable la investigación de los hechos y en función a ello sacamos responsabilidad, no investigamos personas”.

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