El caso de la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, debe ser denunciado en la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y en otras instancias internacionales por ser consecuencia de un “asesinato judicial”, según los legisladores de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC).
La salud de Aramayo se agravó por el mal tratamiento a la hipertensión que padecía y luego sufrió cetoacidosis diabética, según el reporte del Hospital Municipal de Cotahuma de La Paz; a las 05.40 se reportó su fallecimiento de un paro cardiorrespiratorio. En su contra pesaban 256 procesos judiciales a raíz de la denuncia de corrupción en el Fondo Indígena.
“Esto demuestra que ha existido un asesinato judicial, más de 200 juicios en su contra, siete años de detención preventiva. Han hecho que Marco Aramayo tenga una salud deteriorada y ahora esté muerto; entonces, esto reafirma que ha existido un asesinato judicial”, declaró el diputado de CC, Alberto Astorga.
En su análisis sobre el caso de Aramayo, lo contradictorio es que el hombre que denunció el desfalco en el Fondo Indígena haya estado encarcelado y enjuiciado de sobremanera y los otros actores del caso, como Nemesia Achacollo, estén libres.
Astorga ve que ahora más que nunca es necesaria una reforma judicial porque cree que es momento de frenar los asesinatos judiciales, la persecución política y la liberación de los feminicidas.
El diputado José Manuel Ormachea (CC) responsabilizó al Gobierno del MAS por la muerte de Aramayo porque consideró que los juicios en su contra fueron promovidos por móviles políticos.
El legislador Ormachea manifestó que el exdirector extinto del Fondo Indígena debe ser recordado como un ícono de la lucha contra la corrupción y cree que el caso no debe morir junto con la víctima, sino que se debe llegar hasta instancias internacionales.
“Se tiene que investigar, se tiene que dar con los autores intelectuales y materiales del (desfalco del) Fondo Indígena. Se tiene que llevar esto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos o hasta donde se tenga que llevar hasta las últimas consecuencias”, expresó.
Ambos diputados de la oposición expresaron su pésame a la familia; entre tanto, el diputado del MAS, Juanito Angulo, anunció que pedirá un informe sobre el avance del caso del Fondo Indígena porque sospecha que hubo negligencia de los operadores de justicia.
“Vamos a pedir informes al Ministerio Público y eso implica que ha habido omisión y negligencia de los operadores de la justicia por no haber concluido en los plazos y en los tiempos pertinentes (el caso); por otro lado, posiblemente exista dentro del Régimen Penitenciario una supuesta vulneración de los derechos; en este caso, el derecho a la salud”, señaló.
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