“Esta lucha está acabando con mi salud, ojalá no acabe con mi vida”, le dijo Marco Aramayo la última vez que habló con su abogado Héctor Castellón, el jurista recordó ese momento acongojado tras el deceso del exdirector del Fondo Indígena. 

El miércoles fue la última vez que Castellón se comunicó con Marco Antonio, que para ese día ya se sentía mal, “estaba perdido y divagando”. Su decaimiento se notó al retornar de una audiencia que se realizó en la ciudad de Santa Cruz, dijo el abogado a la ANF.

Aramayo tenía hipertensión, los cambios bruscos de altura afectaban su salud, sus viajes a sus audiencias eran maratónicas, claro, tenía procesos prácticamente en los nueve departamentos.

Contó a la ANF que –por ejemplo- el año pasado le tocó viajar el 13 y 14 junio de 2019 a Oruro, el 16 a Challapata, el 27 de junio a Trinidad, el 1 y 2 de julio volvió a Oruro, el 4 julio a Santa Cruz, el 8 y 9 a Cobija, el 16 a Oruro, 18 y 19 a Santa Cruz, el 2 de agosto a Oruro, el 8 y 9 a Santa Cruz.

Para Aramayo su lucha para que la administración de justicia se someta a la Constitución Política del Estado y la ley era una constante, no perdía la esperanza de que todo cambie, y un día logre su libertad. Eso no sucedió.

Su estado de salud se había deteriorado, ya eran meses que no se sentía bien, a veces estaba con la mirada perdida, desanimado y cansado, contaron sus familiares. Su abogado acotó que se contagió de Covid-19 en tres oportunidades, lo que también le habría dejado secuelas.

También empezó a tener problemas en la vista, prácticamente estaba perdiendo la visión, no se sabe las causas, sus familiares creen que no tenía diabetes, aunque la secretaria municipal de Salud, Cecilia Vargas, dijo que es muy probable que hubiera padecido de ese problema.

Marco Antonio falleció este martes en la madrugada, tras un paro cardíaco; el pasado jueves fue traslado de emergencia del penal de San Pedro al Hospital de Clínicas donde sufrió el primer paro cardiorrespiratorio, como consecuencia ingresó en un coma profundo.

Castellón fue su abogado desde el primer día que estuvo detenido, fueron siete años de ver la “indolencia del Ministerio Público y de la Justicia”, comenta a la ANF, al haberle iniciado una cantidad “absurda” de procesos en todo el país.

“No hay solo impotencia, hay rabia, hay dolor. Marco no ha sido mi cliente, Marco ha sido mi amigo”, afirma el jurista, que anunció que acudirán a instancias internacionales para denunciar formalmente las arbitrariedades del sistema judicial y fiscal.

Detalló que, en Bolivia, Marco Antonio no encontró justicia, ni un debido proceso, porque la justicia está sometida al poder político. Recordó que jueces que lo condenaron fueron premiados con nombramientos de vocales o asesores de movimientos sociales implicados en este caso se convirtieron en los jueces que lo condenaron.

Acotó que durante años Marco se paró frente a decenas de jueces en los varios procesos que pesaban sobre él, y “no tuvo el reparo de decirles lo serviles que eran”, por eso fue señalado como el principal responsable en el caso.

Aramayo asumió la dirección ejecutiva del Fondo Indígena en septiembre de 2013, ese mismo año advirtió a la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras y presidenta del Directorio, Nemesia Achacollo, de las irregularidades en 1.228 proyectos de un total de 3.462 obras productivas.

El 2014, durante nueve meses investigó las gestiones 2009-2013, en sus hallazgos identificó 153 proyectos que fueron cancelados, pero sin descargos. Entre ellos también encontró proyectos “fantasmas”, es decir, obras que no existían. Elaboró un reporte denominado “informe circunstancial” que fue presentado a la Contraloría General del Estado.

Con estos antecedentes se presentó a la Fiscalía el 2015, confiado de que el Ministerio Público tomaría su declaración como una contribución para el esclarecimiento del Fondo Indígena. No fue así. Ese día fue aprehendido y al día siguiente enviado a la cárcel con detención preventiva, desde ese día estuvo encerrado hasta su muerte.

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