Bolivia pidió que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emita un fallo con claridad sobre el desmantelamiento de las canalizaciones artificiales en las aguas del Silala con el objetivo de no exponerse a otra eventual demanda de Chile.
La posición fue fijada por el canciller Rogelio Mayta quien tras su retorno a la ciudad de La Paz calificó a la intervención del equipo jurídico boliviano, durante la fase de alegatos orales como “digna y solvente profesionalmente”.
“Nosotros queremos que eso quede absolutamente claro y que la Corte diga Bolivia tiene derecho a levantar los canales o cuando lo decida a reponer sus bofedales y si eso implica el 10%, 20%, 30%, 40%; Chile no puede reclamar nada, eso es lo que estamos pidiendo a la Corte, que sea clara para no tener complicaciones más adelante”, afirmó.
En las jornadas de alegatos orales, la representación chilena afirmó que Bolivia tiene el derecho a desmantelar los canales, aunque advirtió que eso puede significar un tema de discusión que aún se encuentra pendiente. El vecino país expresó que de concretarse el desmantelamiento, la afectación en el flujo del agua sólo puede llegar al 2%.
“Si la Corte acepta los argumentos que hemos expuesto de que es nuestro derecho a hacerlo y que Chile, más allá de sus afectaciones, no puede reclamar nada, ya es una definición del pueblo boliviano; eso ya eso deberemos asumirlo es su momento”, añadió.
El secretario general de Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón, señaló que el desmantelamiento de las canalizaciones artificiales es viable al igual que la restauración de los bofedales, aunque aguarda un fallo de la CIJ.
Durante las intervenciones de Bolivia, Mayta recordó que el estudio que hizo el Instituto de Hidráulica Danés (DHI), por dos años, constató que el Silala constituye a un sistema de aguas superficiales y aguas subterráneas.
Aseguró además que el país no ha incumplido ninguna acción o acuerdo que pudiera haber ocasionado la contaminación en el Silala.
El 14 de abril concluyó la fase de alegatos orales en el proceso que abrió Chile en 2016. Los jueces comenzaron a deliberar y se prevé que hasta fin de año se conozca una decisión al respecto.
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