Para la familia de una víctima de feminicidio, violación o infanticidio en el país lo más triste y frustrante después de la muerte de su ser querido es enfrentarse a las injusticias del sistema judicial, peor aún cuando los agresores son liberados por chicanerías o corrupción de abogados y fiscales,lo que facilita la impunidad y pone en riesgo a los familiares y víctimas. Por eso consideran que se debe vigilar el cumplimiento de la Sentencia de Avocación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) N° 0001/2022 que hace más estricta la liberación de los condenados a 30 años de cárcel.

La norma fue anunciada por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien afirmó que con la sentencia los asesinos, feminicidas y violadores, “que salían con bastante facilidad a solo diagnóstico médico bajo argumento de enfermedad incurable, no podrán ser liberados”. Remarcó que ahora, el informe médico debe ser verificado a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“Cada juzgado dejaba libre con detención domiciliaria cuando aducían diabetes o que decían que padecían dolores de cabeza permanente, ahora se debe comprobar no solo con el certificado médico, porque ya vimos que algunos médicos se prestan también a este ilícito, será un informe del IDIF el que verifique”, afirmó.

La representante de la organización de víctimas de feminicidio en Bolivia, Michelle Shaw, en entrevista con la ANF, afirma que la norma tiene que ser legítima para evitar chicanerías en el sistema judicial que favorezcan a los criminales.

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