“Para que no vuelva a pasar”, un estudio realizado por la Fundación Igualdad LGBT, concluyó que los casos de vulneraciones a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ no reciben la atención necesaria por parte de las instituciones gubernamentales y las víctimas se ven obligadas a desistir de sus denuncias.
El informe presenta una muestra de 10 casos que se registraron en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz durante marzo del 2020 a febrero de 2021, el primer ciclo de la pandemia. En ese periodo se registraron casos de crímenes de odio, como asesinatos y agresiones con lesiones graves.
Ninguno de los casos expuestos en el estudio llegó a una sentencia hasta el momento de la presentación de la investigación.
Gran parte de las víctimas, a razón de no recibir la atención de las instituciones, desistieron de sus denuncias. Otro grupo importante ni siquiera realizó la denuncia porque desconfían y no creen que el Estado pueda garantizar o hacer respetar sus derechos. Sólo dos casos de la muestra continúan en la fase preparatoria para un proceso penal.
“(El Estado debe) brindar confianza, trato respetuoso y digno a las víctimas; hemos podido encontrar en todos los casos una especie de desánimo, de desconfianza real hacia el Estado, esto debe cambiar, el Estado debe brindar mecanismos de confianza, respuesta. Se debe sentar precedentes contra la impunidad”, sentencia en el documento en su parte final.
El documento establece recomendaciones al Gobierno, a los medios de comunicación, a la población en general y a los activistas y organizaciones LGBTIQ+ para eliminar la violencia hacia las mujeres y poblaciones vulnerables.
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