En la segunda sesión de alegatos orales de Bolivia, el abogado Rodman Bundy demostró con evidencias documentales que Bolivia garantiza el flujo de las aguas del Silala hacia Chile, en su estado artificialmente mejorado, y cuestionó el “cierto cinismo” del país vecino, porque acusa por incumplir con obligaciones de preservación, cuando por más de 100 años tiene uso expedito y total de la vertiente, no sólo para locomotoras, sino también para consumo, minería e industria salitrera.

“Chile ha sido libre hasta hoy de utilizar todas las aguas del Silala como quería y Bolivia nunca ha impedido ni causado el más mínimo perjuicio a estas actividades, dado este estado de cosas, y unido al hecho que no existe ninguna base fática o jurídica para las afirmaciones de Chile, que Bolivia ha incumplido alguna obligación contraída con Chile, en relación al Silala, hay un cierto cinismo en las afirmaciones de Chile. ¿Cómo puede Chile?, que ha tenido un uso libre de las aguas del Silala durante décadas, aguas cuya cantidad y calidad, Bolivia nunca ha comprometido en absoluto, ¿Cómo puede Chile acusar a Bolivia de incumplimiento?”, afirmó el jurista.

Bundy rebatió las dos acusaciones de Chile que formuló en sus alegatos, con petitorio a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que obligue a Bolivia preservar las aguas del Silala y mencionó los argumentos que dijo el equipo de abogados chilenos el viernes, sobre supuestas actividades en territorio boliviano que afectarían al flujo y calidad del agua.

En el relato de Bundy, expuso las dos afirmaciones de Chile que están detalladas en las letras D y E de sus alegatos. El primero menciona: “Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile, resultantes de sus actividades en cercanías del río Silala”.

La segunda conclusión de Chile refiere: “Chile alega que Bolivia tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de las medidas planificadas que puedan tener un efecto adverso sobre los recursos hídricos compartidos, de intercambiar datos e información y de llevar a cabo cuando proceda una evaluación de impacto ambiental a fin que Chile pueda evaluar los posibles efectos de dichas medidas planificadas, obligaciones que Bolivia ha incumplido, en cuanto a su obligación de notificar y consultar a Chile respecto de las actividades que puedan afectar las aguas del río Silala o su utilización por parte de Chile”.

Bundy rememoró con documentos que desde la concesión de aguas a la empresa anglochilena, Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), no impidió el curso de la vertiente y tampoco consolidó alguna iniciativa que afecte al caudal, que fue incrementado entre 11 y 33% con los canales que construyó le empresa privada para llevar aguas abajo, en Chile.

“Los hechos demuestran que Chile ha tenido un uso expedito de todas las aguas del Silala que fluyen a través de la frontera, durante más de 100 años. En virtud de la conexión de FCAB, esas aguas deberían utilizarse para locomotoras de vapor, sin embargo, el propio Chile reconoce que esas aguas se utilizan para consumo humano; la extracción del cobre, por parte de la empresa estatal Codelco y otras actividades industriales como la industria salitrera”, sostuvo el abogado.

Sobre el detalle de casos, que Chile habría levantado ante la Corte como posibles incumplimientos, Bundy recordó que en 2000 hubo una concesión del Estado boliviano a la empresa Dictec para una planta embotelladora, pero fue revocada tres años después ya que no había un proyecto consolidado; luego, mencionó la piscifactoría, que fue una iniciativa para sentar productividad en la zona, pero tampoco tuvo éxito.

Bundy mencionó que Chile observó la idea de construir una represa por parte de Potosí, pero aquella idea quedó en una intención. Luego, el país vecino reclamó por la presencia de un puesto militar y 10 pequeñas viviendas, cuya descripción y solicitud de informe fue emitida a inicio de 2017 y Bolivia respondió en mayo de ese año, que las infraestructuras no afectaban a las aguas porque las chozas estaban deshabitadas y en el puesto de control había reducido personal. Por lo que no era necesario comunicar ninguna actividad, dijo el abogado.

El lunes, el experto en leyes internacionales de Bolivia, Alain Pellet, demostró con estudios del Instituto Hidráulico Danés que los canales que construyó la empresa chilena en Bolivia provocaron un daño al ecosistema por la reducción de agua superficial, sequedad del piso, pérdida de plantas y degradación de la fauna.

Chile se beneficia con 160 litros por minutos de caudal y es producto del incremento entre 11 y 33% que logró con las canalizaciones. Bolivia expresó su intención ante la CIJ de desmantelar el sistema de obras civiles, pero puso en negociación con Chile la posibilidad de compensación para lo venidero.

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