Este martes comenzó el trabajo de la mesa técnica entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno nacional para en dos años se repare el daño a las víctimas de los hechos violentos de 2019. El seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) tendrá participación de la población y piden a opositores sumarse al trabajo.
“Esta mesa ¿Qué va a poder hacer?, clasificar las recomendaciones que son susceptibles de identificar indicadores para hacer seguimiento, identificar recomendaciones que requieren asistencia técnica por parte de la ‘Meseg’ (Mesa de Seguimiento), intercambio de celebración de notas virtuales, de asistencia técnica; la realización de tres visitas anuales a Bolivia para acompañar los avances o brindar asistencia técnica al Estado”, afirmó el canciller, Rogelio Mayta, en el acto realizado en el salón Samaipata de la Cancillería.
Con la firma de convenio, comenzó el trabajo de los expertos de la CIDH y nacionales. La secretaria ejecutiva de la organización internacional, Tania Reneaum, afirmó, luego de la rúbrica del protocolo, “que los mecanismos de seguimiento permiten prestar un acompañamiento directo a las partes, proveen de un sistema periódico y sistemático a casos prioritarios, con verificación más cercana de resultados, que permite una solución pronta a las recomendaciones”.
La visitante aseguró que este tipo de “ejercicio técnico” tuvo buenos resultados en otros procedimientos, como en México, Honduras y Venezuela. Adelantó que el equipo técnico se reunirá con autoridades y foros de la sociedad civil para “sumar voces”, recordó que el trabajo de la GIEI recogió testimonios de las víctimas.
“Permite brindar asistencia técnica al Estado para el desarrollo de herramientas que impulse el cumplimiento de recomendaciones y apoyo a asociaciones de víctimas, para que participen en el seguimiento de las medidas de cumplimiento”, sostuvo Reneaum.
El comisionado relator de Bolivia, para la CIDH, Joel Hernández, recordó que el informe de la GIEI, publicado el 17 de agosto, concluyó que en Bolivia se cometió violaciones graves a los derechos humanos, masacres, entre el 1 de septiembre y 31 diciembre de 2019, con ejecuciones extrajudiciales de agentes del Estado y 37 personas fallecidas. Agregó que las agresiones tuvieron dimensiones raciales y de género.
“A partir de este análisis se identificaron problemas estructurales que deben ser atendidos de manera transversal, como garantía de no repetición, con miras a continuidad del acompañamiento del Estado Plurinacional en este importante proceso”, dijo Hernández.
El periodo de investigación de la GIEI incluye los últimos meses de Evo Morales y los primeros de Jeanine Añez. Entre los casos mencionados en el informe están las masacres de Sacaba y Senkata, además de las muertes en Vila Vila y Montero; por otro lado, se hizo el análisis y recomendaciones sobre la quema de los buses municipales en La Paz, instituciones públicas, entre otros momentos violentos.
El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el Gobierno nacional “dará cumplimiento a todas las recomendaciones” de la GIEI. “El compromiso del gobierno es contribuir de manera propositiva, que en dos años que evaluemos sea de ganancia, de éxito, de consolidación de derechos humanos”.
Recordó que, como trabajo previo a la instalación de esta mesa técnica, se decidió trasladar el servicio de prevención de la tortura a la Defensoría del Pueblo, se eliminó mediante sentencia constitucional el delito de sedición; además que habilitaron un fideicomiso a favor de los familiares de las víctimas.
La autoridad nacional pidió a los actores políticos de oposición a sumarse a este trabajo. “Es el llamado al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, para que puedan otorgarles a las víctimas el derecho a la justicia”, sostuvo Lima.
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