El Ministerio Público solicitó 180 días de detención preventiva para Adrián L., principal investigado por el intento de sacar del país 189,5 kilogramos de oro de alta pureza a través del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Paralelamente, anunció que la investigación será ampliada para identificar a otras personas que pudieron participar en el hecho, entre ellas eventuales servidores públicos.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el aprehendido ya fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contrabando y compra o venta ilegal de recursos minerales.

"La imputación formal ya fue presentada al juez y estamos a la espera de la audiencia de medidas cautelares, en la que vamos a solicitar 180 días de detención preventiva para garantizar el desarrollo de la investigación", indicó la autoridad.

De acuerdo con las investigaciones, el sindicado llegó al aeropuerto en un vehículo transportando cuatro maletas especiales que contenían el cargamento de oro y tenía previsto abordar un vuelo chárter con destino al exterior. Sin embargo, fue interceptado antes de concretar su salida del país.

Mariaca explicó que las pesquisas se encuentran en una etapa inicial y que el Ministerio Público emitirá nuevas citaciones para reconstruir cómo se organizó el presunto intento de exportación ilegal del mineral. Asimismo, señaló que se analizará la posible participación de funcionarios públicos y, de existir indicios, podrían incorporarse delitos contemplados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

"No nos interesa el grado que tengan; si existe el mínimo indicio, tengan la seguridad de que el fiscal va a hacer lo que corresponde", enfatizó.

La autoridad añadió que durante las investigaciones se identificaron indicios de posibles irregularidades en la documentación presentada para respaldar la salida del oro. No obstante, aclaró que tanto el imputado como la empresa vinculada al cargamento podrán presentar los descargos y documentos que consideren pertinentes para acreditar la legalidad de la operación.

En paralelo, la Fiscalía realiza requerimientos a distintas instituciones para verificar la situación legal de la empresa relacionada con el cargamento y advirtió que no se descartan nuevas aprehensiones conforme avancen las investigaciones.

Finalmente, el Ministerio Público anunció que solicitará a la autoridad judicial que los 189,5 kilogramos de oro permanezcan bajo custodia del Banco Central de Bolivia, con el objetivo de preservar la evidencia mientras se desarrolla el proceso penal.

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