La Defensoría del Pueblo ha pedido la intervención estatal del Ministerio de Minería y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ante el ingreso de cooperativas mineras con fines de explotación de oro en las comunidades de Azariamas y río Tuichi en el municipio de Apolo y al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

La Defensoría del Pueblo “Pide la intervención estatal a través del Ministerio de Minería y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y cumplir sus atribuciones y obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales de derechos humanos y la normativa sobre Madre Tierra, medio ambiente y minería”, dice una nota de prensa.

La institución sostiene que tomó conocimiento, a través de los medios de comunicación, que existiría el traslado de maquinaria pesada con fines de explotación minera al interior del Madidi, la comunidad Azariamas y el río Tuichi en el municipio de Apolo en el departamento de La Paz, alerta que esta acción podría afectar a los territorios indígenas y al hábitat de sus habitantes.

Este fin de semana, activistas y guardaparques denunciaron que un grupo de 90 personas, entre trabajadores mineros y algunos comunarios de la localidad de Azariamas se asentaron en el sector Resina a orillas del río Tuichi en el municipio de Apolo, que está dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

“Han establecido un campamento, una tranca de control donde revisan documentos y no están dejando ingresar a personas de otros lugares. A los propios comunarios les están revisando sus pertenencias y les quitan sus celulares para que no graben ninguna actividad minera”, contó un guardaparque a la ANF, del que guardamos su identidad por temor a represalias.

En ese contexto, la institución defensorial considera que esta situación podría generar conflictos y la vulneración de derechos como los suscitados en comunidades de los municipios Mapiri, Guanay, Teoponte o Apolo, cuyo trasfondo tiene que ver con minería, control territorial y de los recursos naturales.

Hizo un llamado a las autoridades estatales de los distintos niveles de gobierno a interponer sus buenos oficios para evitar que con la instalación de proyectos mineros al margen de la ley se generen otros fenómenos como el contrabando, prostitución, trata y tráfico, narcotráfico, entre otros, tanto en territorios indígenas como en áreas protegidas.

Acotó que el Ministerio de Minería debe fiscalizar la aplicación de la legislación y regulaciones vigentes para el sector metalúrgico en cumplimiento del inciso c) del artículo 75 del Decreto supremo 29894, de manera tal que debe verificar que la AJAM cumpla sus atribuciones señaladas en la Ley 535, especialmente aquellas referidas a la administración superior, control y fiscalización de actividades mineras, así como el cumplimiento de la normativa para la otorgación del derecho minero, asumir acciones contra la minería ilegal y efectuar acciones de administración de la actividad minera en territorio boliviano.

Además, que estas acciones se enmarquen en los preceptos constitucionales como el entendimiento que las áreas protegidas forman parte del patrimonio natural y cultural del país y en tanto se sobrepongan a territorios indígenas se efectuará gestión compartida en sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, respetando el objeto de creación de estas áreas.

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