El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, se acogió a su derecho al silencio mientras no esté presente su abogado; entre tanto, el secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, anunció que pedirá su detención preventiva por la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí el 2019.

“Conocidos mis derechos constitucionales, me voy a abstener a prestar mi declaración (hasta que no esté) en presencia de mi abogado defensor. Aclarándose que se puso en conocimiento de su abogado en el cuadernillo de investigación”, se lee en el "acta de declaración del imputado" a la que accedió radio Compañera.

“Solamente decirle a la población potosina y boliviana, nunca tenemos que agachar la cabeza. Hay que estar de pie”, expresó en un breve contacto con Unitel, desde la localidad de Betanzos donde se encuentra detenido.

“Nosotros vamos a solicitar lo que corresponde que es resguardar y garantizar la presencia del señor Marco Antonio Pumari mediante la detención preventiva correspondiente”, aclaró Quispe. Acotó que fue trasladado a esa localidad por su resguardo y seguridad.

Manifestó que la detención del exlíder cívico potosinista se debe al proceso iniciado en octubre de 2019 a causa de los daños que se ocasionaron a la infraestructura del TED de Potosí.

Los delitos por los que se procesa a Pumari son: allanamiento, robo agravado, deterioro a bienes del Estado, obstrucción como delito electoral, ‒”porque no ha permitido que se lleve adelante el proceso de cómputo en ese entonces”‒ y daño calificado, precisó el funcionario fiscal.

Acotó que como el ilícito se habría cometido en Potosí, el proceso se debe llevar a cabo en esa región. En ese sentido, el Ministerio Público pedirá en la audiencia de medidas cautelares su detención preventiva correspondiente.

Pumari fue aprehendido la noche del jueves en la ciudad de Potosí. Inicialmente se reportó su desaparición aunque existían sospechas de que había sido detenido por la Policía, este viernes la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó que fue aprehendido.

Varias instituciones como el Consejo Nacional de Comités Cívico, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia y las organizaciones políticas repudiaron la acción policial de allanamientos y aprehensiones y calificaron las mismas como una persecución política.

Al respecto, Quispe señaló que en el caso de Pumari no existe ninguna persecución judicial. Dijo que el Ministerio Público no tolerará ningún tipo de afectación a los bienes y patrimonio del Estado, sobre todo a la moral como había sucedido en el año 2019.

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