La Coalición de organizaciones de Derechos Humanos de la sociedad civil de Bolivia envió un informe alternativo a la Sesión 72 del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) del Sistema de Naciones Unidas que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, en el que señala que el gobierno aún no adecuó el delito de tortura en conformidad a instrumentos internacionales y que éste sigue siendo utilizado como método de investigación, amedrentamiento y sanción.

El informe está firmado por 13 instituciones nacionales y cuenta con el apoyo de tres organizaciones internacionales como el Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR Centre), el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

“Se observa que ésta (la tortura) aún sea utilizada como método de investigación, amedrentamiento y sanción en centros de detención y sea recurrente en cuarteles”, se lee en parte del informe alternativo.

El informe indica que también se han reportado casos de tortura y otros malos tratos en el contexto de protestas, particularmente las que tuvieron lugar en octubre y noviembre de 2019. 

Observa que también se hace un uso frecuente de la detención preventiva –en la justicia boliviana-, “misma que es considerada como una forma de tortura”; así también el hacinamiento y falta de condiciones mínimas en penitenciarias “configuran tratos crueles e inhumanos”.

“Se han conocido denuncias por casos de violencia sexual cometidas por policías en carceletas donde se encontraban mujeres detenidas preventivamente. Asimismo, sigue penalizado el aborto, a pesar de las recomendaciones de los Comités de las Naciones Unidas que entienden que el obligar a concebir en ciertas circunstancias es una forma de tortura”, se lee en el informe.

La investigación y enjuiciamiento de las denuncias de tortura no proceden por obstrucción de la propia justicia, que siempre busca invisibilizar este delito.

“El sistema de justicia boliviano consistentemente no documenta, investiga y procesa cuando la víctima presenta denuncias de tortura”, se lee en el informe.

Los autores del informe señalan que no tienen conocimiento de ningún caso de tortura que haya dado lugar al enjuiciamiento de los autores. 

Entre los problemas clave identificados por la sociedad civil para que esta situación ocurra están que “las autoridades investigadoras no tienen la independencia y la experiencia necesarias para investigar la tortura; las víctimas son intimidadas y se les impide presentar denuncias; y, cuando se presentan denuncias, las autoridades competentes se niegan a investigar”.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que tendría un papel importante en la documentación e investigación de denuncias individuales de tortura –se lee en el informe-, está subordinado al Ministerio Público y, por lo tanto, carece de la independencia institucional respecto a quienes a menudo se les acusa de ser los autores. 

Además, el personal del IDIF no tiene la experiencia necesaria para documentar la tortura de acuerdo con el Protocolo de Estambul, asevera el informe.

“Cuando se les invita a visitar un caso de tortura en la cárcel, generalmente esperan hasta que los síntomas externos hayan desaparecido”, apunta.

Si bien es posible de conformidad con la ley, documentar el caso, en la práctica los tribunales y fiscales no admiten ni se basan en pruebas médico-legales producidas por expertos independientes, como organizaciones de la sociedad civil. 

Como ejemplo, el informe cita el caso de Juan Bascopé, apicultor víctima de tortura a manos de policías, en el que, en lugar de aceptar una pericia de una organización independiente, la justicia quería que la pericia fuera realizada por una psicóloga forense del IITCUP (Instituto de Investigaciones Técnico Científicas) que depende de la policía. 

Otro caso es que cuando las víctimas buscan presentar denuncias, los abogados de la Defensa Pública “los desalientan activamente de hacerlo”, argumentando que esto prolongará su tiempo de detención o el arresto domiciliario. “Esta tendencia se documentó por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil respecto a las víctimas de tortura de noviembre de 2019, pero es una conducta que precede estos hechos”. 

En los pocos casos en que se presentan denuncias, indica el informe dirigido al CAT, la policía y los tribunales las ignoran y se niegan activamente a actuar. “Cuando las víctimas de tortura, en noviembre de 2019, hicieron su declaración a los investigadores policiales, estos dijeron: ‘Esto no se puede escribir’. En los casos en que fue denunciado en audiencia, fue rechazado o ignorado por la justicia. Incluso cuando el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas intervino ante los fiscales, los casos no fueron investigados”.

Cuando las víctimas presentan claros signos físicos de tortura durante las audiencias, como en el caso de Juan Bascopé, “se notifica la denuncia en el expediente, pero se ignora en las resoluciones de la audiencia”.

Otro ejemplo de la invisibilización del delito de tortura. El caso de Lorgia Fuentes, quien denunció los malos tratos que sufrió en 2019 y 2020. El GIEI informó sobre el caso. El daño que sufrió fue calificado por el GIEI como maltrato, pero la justicia boliviana rechazó la denuncia, declarando: "En el caso específico, los elementos constitutivos del presente delito de vejámenes y tortura no concurren".

El caso de Juan Bascopé, ya mencionado, agrega el informe, es ilustrativo por ser uno de los pocos casos en Bolivia en el que se está denunciando la tortura sufrida y que “muestra lo que le espera al que denuncia tortura”. “Es un apicultor de profesión, que recientemente ha sido sentenciado a 30 años de presidio por ser pretendidamente asesino de un militar, sin pruebas”.

En Bolivia, la duración máxima de la detención preventiva no debe superar los tres años, sin embargo, Bascopé ha estado en detención preventiva durante más de siete años sin que hasta ahora se haya dictado una sentencia firme, destaca el documento. 

La sentencia de primera instancia que lo condena fue dictada este año 2021. En dos ocasiones se obstruyó la denuncia por tortura: En la primera audiencia de julio de 2014, cuando denunció las agresiones sufridas mostrando los moretes. En esa oportunidad se notificó el hecho en el acta, pero en las resoluciones se obvió. Posteriormente, el fiscal se negó a iniciar la debida investigación. “Actualmente se está presentando una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

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