A casi cuatro años del denominado “caso motel”, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de YPFB-Aviación, Marcos M. fue cuestionado por sus bases de buscar su reelección pese a tener procesos pendientes en la justicia ordinaria.

A principio de octubre, trabajadores de base enviaron cartas al ejecutivo sindical para que convoque a elecciones “limpias y transparentes” para que no se repita el mecanismo de “aclamación” que fue utilizado por el dirigente para estar en el cargo 12 años consecutivos.

Las elecciones deben realizarse en diciembre próximo y el temor surge ante la falta de respuesta a varias solicitudes de convocar a elecciones de “voto secreto” y ante el silencio de la Federación de Trabajadores Petroleros por José Domingo Vásquez y del secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda.

El dirigente fue imputado por la Fiscalía de Santa Cruz por uso indebido de bienes del Estado por haber sacado el 29 de enero de 2018 una movilidad de la empresa, supuestamente, para cumplir una comisión sindical, pero dicho motorizado fue ubicado mediante GPS en un motel de la ciudad de Santa Cruz.

Recibió orden de detención domiciliaria y posteriormente logró anular medidas sustitutivas porque el Juez 3ro de Instrucción en lo Penal, Carlos Marín, declaró probado un incidente de nulidad presentado por el investigado, quien argumentó que YPFB-Aviación no había sido nacionalizada por Evo Morales y, por tanto, era una sociedad anónima no alcanzada por la ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

En septiembre de 2019, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de la Sala Penal Primera, ante la apelación de la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia, anuló aquel fallo dejando expedita la vía para el desafuero del dirigente y enfrente cargos por los delitos de beneficios en razón del cargo y uso indebido de bienes públicos.

Posteriormente, YPFB-Aviación activó una demanda de desafuero sindical que fue sorteada ante el Juzgado 5to de Seguridad Social de Santa Cruz, en la idea de proceder al despido y que el ejecutivo sindical asuma el proceso penal. Sin embargo, una serie de argucias legales evitaron que prospere esta demanda.

Los trabajadores denunciaron encubrimiento y protección política de la Federación de Petroleros y la COD-Santa Cruz, coincidente con la falta de voluntad de YPFB-Aviación para impulsar este proceso. En medio de molestias por el silencio institucional, incluso del Ministerio de Justicia para darle seguimiento a su propia actividad, anunciaron que acudirán al presidente de YPFB Corporación Wilson Zelaya para que intervenga y reactive dicho juicio por desafuero.

Lamentaron que la planta ejecutiva y los organismos sindicales matrices que piden la depuración de muchos “empleados pititas”, no tomen en cuenta que dicho Sindicato emitió el 5 de mayo de 2020 un pronunciamiento de respaldo al presidente de YPFB, Herland Soliz Montenegro, actualmente prófugo de la justicia, y consintió al entonces ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora.

A partir de esa resolución de respaldo, más del 50% de su directorio renunció dejándolo prácticamente solo al dirigente estaría pretendiendo su reelección por vía de aclamación, a fin de mantener el fuero sindical y no afrontar el proceso penal pendiente en la justicia de Santa Cruz.

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