Emma Bolshia Bravo, directora del Instituto de terapia e investigación sobre secuelas de tortura Estatal (ITEI), denunció este jueves, en base a testimonios recogidos, que pese a que las víctimas muestran a los jueces los signos de tortura en las audiencias, éstos no los toman en cuenta e invisibilizan el delito.

“Lo que nosotros sabemos de los testimonios que hemos recogido y seguimos recogiendo en los 20 años de vida institucional del ITEI, es que cuando las personas que han sido torturadas en los recintos penitenciarios muestran las marcas de tortura a los jueces, nunca son tomadas en cuenta, ni siquiera se deja constancia ni se escribe sobre estas denuncias, de estos testimonios hemos recibido en cantidades”, señaló la especialista en entrevista con radio Panamericana.

La tortura es una práctica común en los recintos penitenciarios del país a manos de efectivos policiales que no pagan por el delito cometido. Entre mayo y octubre, el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) registró al menos 23 casos de tortura al interior de cárceles. El último caso está relacionado con la muerte del interno de Chonchocoro, Christopher Condori, quien falleció el 19 de octubre por golpes en la cabeza y el cuerpo.

Sobre este último caso, Bravo dijo que solo es “la punta del iceberg” sobre lo que realmente ocurre en las cárceles del país, donde la tortura “es moneda corriente, es un tratamiento cotidiano por parte de los policías”.

Dijo que, según denuncias de los propios privados de libertad, en la cárcel de Chonchocoro la bienvenida a los presos, por los policías, es “con una sesión de tortura que dura toda una noche en el famoso (sector conocido como) búnker”, y después de esa noche de tortura recién pasan los privados de libertad a una celda donde estarán por 15 días para después ser destinados a los pabellones.

La directora contó que en enero de este año el ITEI junto a 68 organizaciones de la sociedad civil, más organizaciones internacionales contra la tortura, hicieron una carta pública pidiendo al Gobierno medidas para prevenir la vulneración de derechos en recintos carcelarios, luego de que una niña de 14 años resultara violada por un funcionario administrativo de la cárcel de Monteagudo, en Chuquisaca.

El pronunciamiento público tuvo el propósito de recordarle al Estado boliviano que al firmar y ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura “se compromete a que en Bolivia no exista tortura” y que tiene que cumplir ese marco normativo, pero “al parecer estas firmas y ratificaciones son letra muerta”.

Torturas sin castigo

La directora del ITEI dijo que la impunidad en los casos de tortura ocurre porque no hay una ley específica para este delito, y porque el Gobierno, para evitarse problemas, protege a los estamentos policiales y militares.

Señaló que, en el caso denunciado en enero de este año, los policías implicados fueron apresados y otros cambiados de destinos, pero al final no se supo más en qué quedó el proceso judicial.

“Después no sabemos qué es lo que ha pasado, cómo ha seguido eso y tampoco sabemos si ha habido medidas de rehabilitación, de resarcimiento para las víctimas, entonces nosotros pensamos que es muy importante que la sociedad civil pueda constituir una veeduría ciudadana a la gestión y procesamiento de estas denuncias”, indicó.

Dijo que estos casos se conocen solo porque las familias de las víctimas se arman de valor y denuncian, y que el camino para obtener justicia es “muy largo y sembrado de piedras y obstáculos”.

“La familia tiene que tener dinero, tiene que tener paciencia porque son procesos larguísimos y tiene que estar acompañada por las organizaciones de derechos humanos, por las organizaciones de la sociedad civil que se comprometan con estas familias que tienen ese coraje de denunciar, porque si no qué es lo que pasa, no se sabe del caso; se denuncia, se toma preso a los policías, se les pone en la cárcel o se los cambia de prisión o a cumplir funciones en la frontera y después eso se pierde” el proceso, enfatizó.

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