La Sala Constitucional Primera de La Paz denegó este sábado la Acción Popular que presentó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para exigir el carnet de vacunación contra el coronavirus de manera obligatoria. Exhortó al Gobierno y a las autoridades subnacionales aplicar políticas públicas para evitar la propagación del Covid-19.
“El Tribunal de Garantías, en este caso la Sala Constitucional Primera nos ha denegado la custodia, pero a pesar de ello, en la segunda parte de su resolución ha exhortado al Gobierno central que en coordinación con los gobiernos subnacionales se proyecte y programe las políticas necesarias para hacer una campaña de vacunación efectiva y se alcance a la mayor cantidad de la población”, afirmó el director Jurídico de la Alcaldía de La Paz, José Gonzales.
Al promediar las 09:00 hrs. de este sábado se instaló la audiencia, los demandados eran el Ministerio de Salud, alcaldías y gobernaciones, instituciones obligadas a cumplir la posible orden de vacunación sin carácter voluntario e irrestricto.
Participaron de la audiencia los abogados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, del Ministerio de Salud, de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia y los Gobiernos Autónomos Departamentales de Oruro, Potosí, Sucre, Pando y Santa Cruz, además de los comités cívicos de La Paz y de El Alto.
El equipo jurídico de la Alcaldía de La Paz, liderado por su director Jurídico José Gonzales, expuso los argumentos para que se pida en el país el certificado de vacuna contra Covid-19 a todos los ciudadanos bolivianos para acceder a espacios públicos, eventos o efectuar trámites en instituciones públicas o privadas.
Luego tomaron la palabra los representantes del Ministerio de Salud, de la AMB, FAM, gobernaciones de Oruro, Potosí, Sucre, Pando y Santa Cruz, además de los abogados de los comités cívicos de La Paz y El Alto, y en sus exposiciones coincidieron en que la vacunación es la principal arma para combatir la propagación del virus de la Covid-19.
Este recurso surgió ante la alerta de vacunas que están por caducar y porque en el municipio de La Paz, pese a que casi toda la población está vacunada con dos dosis, llegan personas de otras regiones y se busca evitar nuevos contagios.
Según la versión del Ministerio de Salud, la argumentación que presentó la Alcaldía de La Paz y las otras instituciones no fueron suficientes para otorgar la tutela constitucional.
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