El presidente del Estado, Luis Arce, en el marco de la 76° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) responsabilizó a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea y Organizaciones no Gubernamentales internacionales, del presunto golpe de Estado al gobierno de Evo Morales el 2019.

El mandatario manifestó que tras superar el “golpe de Estado” en Bolivia en noviembre de 2019, en octubre del año pasado con la victoria del partido gobernante con el 55% de votos en las urnas, se está recuperando la democracia, así como la estabilidad política, económica y social.

En ese contexto, identifico dos grupos de actores responsables del presunto “golpe”, por un lado los actores nacionales y aquellos organismos internacionales que hubieran coadyuvado en la crisis política a través de la desestabilización.

“La ruptura del orden constitucional en mi país tuvo la participación de actores nacionales, de políticos que en las urnas no cuenta con el respaldo del pueblo, malos efectivos policiales y las Fuerzas Armadas, comités cívicos, la jerarquía Católica y medios de comunicación hegemónicos”, señaló Arce en su discurso.

Pero “también contó con la participación de la OEA a través de su secretario general Luis Almagro. De otros gobiernos como el anterior de la Argentina (Mauricio Macri) que envió armas y municiones a los golpistas, del propio representante de la Unión Europea y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional”, remató.

Por otra parte, mencionó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE) que realizó una investigación sobre la crisis política entre septiembre y diciembre de 2019. Que estableció que en el país hubo graves violaciones a los derechos humanos, masacres, ejecuciones sumarias, durante el “gobierno de facto”, precisó que el compromiso del Gobierno es que haya justicia para las 38 vidas que se perdieron, por los cientos de detenidos, heridos, perseguidos y asilados. La justicia es condición esencial de toda democracia y construcción de una verdadera paz social”, afirmó.

Dijo que en ese tiempo se vulneraron los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, toda vez que la persecución, procesamiento y encarcelamiento se convirtieron en un hecho cotidiano y normal.

En relación a este tema, el director ejecutivo de la Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dirigiéndose al presidente Arce dijo que la búsqueda de justicia no tiene colores políticos.

"Presidente Arce: celebro su voluntad de que haya justicia por las masacres, torturas y detenciones durante el gobierno de Áñez. Pero también debe haberla para quienes sufrieron violencia durante el gobierno de Morales. La búsqueda de justicia no debe tener color político", señaló en su cuenta de Twitter.

En el tema marítimo, Arce reiteró que “el Estado reivindica su derecho a obtener una salida libre, soberana y útil al océano Pacífico, mediante el diálogo con la República de Chile, que de acuerdo al fallo del 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia instó a Bolivia y Chile a seguir trabajando en aras de una solución significativa del problema. Y citó el párrafo 176 de la sentencia.

En consecuencia, dijo que los procesos de integración que se dan en todo el mundo deben pasar por los grandes temas no resueltos como la soberanía de las Islas Malvinas, “y el enclaustramiento es aún una herida abierta en nuestro continente que debe sanar a través del diálogo, la diplomacia y el entendimiento entre pueblos en esta nueva era”.

Al referirse a la pandemia del Covid-19 manifestó que ha develado la fragilidad de las sociedades y de los Estados del mundo generando impactos negativos sin precedentes en la economía, la salud, la educación, así como poner en riesgo el cumplimiento de la agenda 2030; y que a la crisis multidimensional del capitalismo se sumó la crisis sanitaria que también ha puesto en evidencia que continúan las desigualdades entre los países del capitalismo central y de los países de la periferia.

En ese marco, reiteró que un problema durante esta crisis ha sido no solo el crecimiento de la pobreza y extrema pobreza, sino la concentración de las vacunas en los países capitalistas.

“El acceso a la vacuna debe ser considerada como un derecho humano”, sostuvo, por lo que para superar la pandemia llegando a un 70% de la población vacunada, solo será posible si todos los países tienen acceso a las dosis en equidad y equilibrio.

“Consideramos importante que las transaccionales productoras de medicamentos liberen las patentes y compartan sus conocimientos y tecnología para la producción de vacunas y mediante un trabajo conjunto garanticemos las vacunas en todos los países”, sostuvo el mandatario.

Planteó el refinanciamiento o alivio de la deuda externa a nivel global a partir de acuerdos con los organismos financieros multilaterales. Asimismo, que los mecanismos financieros activen “préstamos concesionales y ejecuten medidas de mediano y largo plazo para garantizar el cumplimiento de la agenda 2030.

El mandatario responsabilizó al sistema capitalista de ser una de las causas de la crisis climática, señaló que el planeta, la casa común, la madre tierra, están sufriendo las graves consecuencias del consumismo y la depredación desmedida de los recursos naturales.

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