Unas 20 organizaciones denunciaron sobre un incremento de casos relacionados con ataques, violencia, criminalización, campañas de desprestigio en contra de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos (DDHH) y periodistas.
A través de un pronunciamiento, las instituciones señalan que las amenazas son un reflejo de la crisis de derechos humanos en territorio nacional.
“Desde hace más de una década, el partido gobernante ha emprendido acciones de debilitamiento y reducción del espacio cívico, limitando y obstaculizando la defensa de los derechos humanos en Bolivia. Esto se ha visto reflejado a través de la cooptación y división de organizaciones sociales, campesinas e indígenas”, se lee en una parte del documento.
Además refieren que en las últimas semanas, la situación de la sociedad civil y defensores de DDHH “ha empeorado considerablemente”. Citan el caso del dirigente indígena Lino Peña de la comunidad Eben Ezer, quien fue golpeado por un grupo de colonos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y en agosto tras su hospitalización Peña falleció, el Gobierno afirmó que el deceso fue por Covid-19, sin embargo al momento no hay un investigación que esclarezca el deceso del dirigente chiquitano.
Asimismo, los activistas hacen referencia a diferentes casos de vulneración, entre ellos citan un comunicado emitido el pasado 18 de agosto por el Ministerio de Medio Ambiente y una amenaza a ambientalistas que denunciaron los incendios en áreas protegidas y territorio indígena.
Otra de las preocupaciones es la reciente amenaza en contra de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y su representante Amparo Carvajal, grupos radicales advirtieron con incendiar el domicilio de Carvajal.
Ante esas situaciones, las 20 organizaciones, entre ellas el Cedib, la Asociación Nacional de Prensa, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Fundación Jubileo, Movimiento Ríos de Pie, Comité Cívico de Roboré, Colectivo consumidores conscientes, entre otros, exigen al presidente Luis Arce respetar y dar garantías a la labor que desempeñan las y los defensores de DDHH, periodistas y la organización civil.
“Eso implica evitar emitir campañas y expresiones de desprestigio y por el contrario, deben condenar los actos de hostigamiento contra los defensores de DDHH y debe proceder a las investigaciones sobre los ataques y amenazas de terceras personas en contra de la vida, integridad y libertad de todos estos sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, demandan.
También exhortan a los políticos simpatizantes con el partido de Gobierno a dar muestras efectivas de su compromiso con la pacificación social.
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