El Ministerio de Justicia afirmó que la Acción Popular interpuesto por las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, debe ser rechazada “in limine”, es decir, sin análisis por incumplimiento de requisitos de forma y fondo en el planteamiento.

En criterio de ese despacho ministerial el recurso solo es una acción política para distraer la atención de las revelaciones vinculadas “al golpe de Estado de 2019 que involucran a jefaturas partidarias”, según se lee en su comunicado.

Considera que el planteamiento para que el gobierno libre el proceso de adquisición es incoherente, insustentable y carente de fundamento, y trata de desvirtuar el plan estratégico de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional.

Según el análisis del Ministerio, en las 48 hojas no existe una sola justificación objetiva, real y verificable de alguna violación o atentado contra un derecho o garantía constitucional.

Observa que los argumentos de derecho se resumen a una copia y transcripción de párrafos de sentencias constitucionales, posiblemente, elegidas a través de un proceso de Google.

El ministerio sospecha que el argumento de querer comprar vacunas es un eufemismo y busca incorporar a ese proceso de compra a la empresa privada que podría mercantilizar la vacunación gratuita y voluntaria.

Señala que los opositores promueven la acción constitucional para que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas cumplan tareas previstas en sus leyes orgánicas. También demandan a serie de autoridades sin especificar atribuciones y responsabilidades para justificar un fallo favorable del tribunal de garantías.

Recuerda, además, que no existe ningún impedimento a los gobiernos subnacionales para que puedan comprar directamente las vacunas y luchar contra la propagación del coronavirus en sus respectivas jurisdicciones territoriales.

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