El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep) registró hasta el 27 de abril 552 trámites para Indulto y Amnistía iniciados en el marco del Decreto Presidencial 4461, presentado por Luis Arce Catacora. El gobierno prevé que más de 1.000 personas se beneficien con el Decreto de Indulto y Amnistía.

La finalidad del Decreto Presidencial es –según se lee en su contenido- resguardar la vida, la salud e integridad de personas privadas de libertad, por el incremento de contagios por la Covid-19 y ante el hacinamiento de los centros penitenciarios del país.

Además, reestablecer los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso, para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.

Del total de trámites presentados hasta la fecha, 220 son para Amnistía –la mayor cantidad solicitados en La Paz- y 332 para Indulto –el mayor número solicitado en Oruro-. 

Del total, 221 trámites de Indulto fueron presentados a Régimen Penitenciario y 62 trámites de Amnistía en juzgados. Además, 175 trámites de Indulto y 23 de Amnistía fueron homologados.

La Amnistía y el Indulto serán aplicables a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Presidencial y a la fecha de su publicación se encuentren sujetos a detención preventiva en los establecimientos penitenciarios del país; medidas sustitutivas a la detención preventiva o con proceso penal en curso; y, aquellas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente para los casos de indulto.

Desde Régimen Penitenciario dijeron a ANF que los trámites continúan llegando y en los próximos días esta institución presentará un informe con el total de casos, de los cuales debe clasificar cuántos son por temas políticos y cuantos por delitos comunes.

La abogada de la Asociación Nacional de Presas y Presos Políticos Víctimas de Tortura, Nadesha Guevara, informó que esa entidad presentó 153 casos de personas que han estado en detención preventiva, de los cuales del 60 por ciento que ya terminó la etapa preparatoria y hay resolución de sobreseimiento. 

“153 tenemos en nuestra lista, posiblemente haya más (personas afectadas de las) que no tengamos conocimiento, pero hemos tratado de articular en los departamentos, pero muchos por miedo se han ido a sus comunidades a veces no hay contacto con ellos, entonces presumimos que sean más todavía”, dijo a ANF.

Indicó que cumplir con el procedimiento no es en un tiempo corto, pero la ventaja es que el Decreto tiene vigencia de un año. Dijo que la mayoría de los casos presentados son para indulto y que otros ya salieron libres con sobreseimiento.

El proceso avanza pese a que la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto humanitario permite la “impunidad” por delitos graves y abusos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) tiene un criterio respecto a Leyes de Amnistía que “impiden la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, al obstaculizar la investigación y el acceso a la justicia, al impedir a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”.

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