Más de una treintena de organizaciones de la sociedad civil y en defensa de los derechos humanos, exigió a las autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público celeridad en el proceso penal contra Carlos A. V., por agredir a sus hijas durante 15 años.
Cuestionaron el actuar del juez a cargo del caso porque determinó detención domiciliaria del sindicado, pese a que existen indicios de culpabilidad y peligrosidad para las menores. Además, una de las víctimas denunció que el sujeto tiene tres identidades.
"Demandamos a las autoridades judiciales actuar con celeridad, garantizar la participación y acceso de las víctimas y sus representantes durante el proceso, garantizar la efectividad de las medidas de protección para evitar nuevos hechos de violencia", señala el comunicado.
Las hermanas Carolina y Cristal quedaron bajo el cuidado de su agresor cuando tenían 5 y 6 años, respectivamente por una decisión judicial que no tomó en cuenta los antecedentes de maltrato que presentó la madre de las entonces menores de edad.
A la vez, el grupo de activistas pidió que la justicia aplique la Sentencia Constitucional 017/2019 del 13 de marzo del 2019, que establece que en los casos de violencia contra mujeres, se evaluará el peligro de fuga del sindicado, la vulnerabilidad de la víctima.
Además solicitaron a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) supervisar el proceso penal contra el sujeto, por el retraso en las investigaciones y la decisión inadecuada que asumió el juez del caso.
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