El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que aproximadamente el 60% de las muestras de madera analizadas dentro del caso denominado ‘maderas’ dio un resultado negativo a sustancias controladas. Pese a estos primeros reportes, la autoridad aclaró desde Sucre que la investigación penal continúa abierta en cuatro departamentos del país.
Mariaca explicó que, tras una serie de allanamientos, los investigadores recolectaron trozos de madera y los entregaron al Centro de Investigación Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (Citesc), instancia dependiente de la Policía Boliviana y del Ministerio de Gobierno. Hasta el momento, dicha institución procesó más de la mitad de las muestras enviadas sin encontrar rastros de narcóticos.
“Lo cual quiere decir que nosotros continuamos con la investigación, no quiere decir que los casos a la fecha estén cerrados, sino simplemente nosotros como Ministerio Público estamos siendo objetivos con todas las diligencias que se llevan adelante”, declaró la autoridad.
La pesquisa se abrió en los departamentos de Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz. En estos departamentos, el Ministerio Público citó a declarar a varias personas con el objetivo de recolectar elementos y esclarecer los hechos.
El proceso penal inició formalmente a partir de un correo electrónico enviado desde Chile a la Fiscalía Superior en Delitos de Narcotráfico, tras la información que difundió el 9 de junio el Fiscal Regional de Arica y Parinacota.
Para ilustrar la situación procesal, Mariaca expuso un caso reciente ocurrido en las localidades fronterizas de San Matías y Puerto Suárez. En esa oportunidad, autoridades federales de Brasil retuvieron camiones con casi 70 toneladas de madera. Si bien una prueba inicial de campo dio positivo, las pericias de laboratorio en el país vecino descartaron la presencia de cocaína, lo que derivó en la liberación de los vehículos para que continuaran su ruta de exportación.
En ese sentido, garantizó que la institución actuará con responsabilidad, objetividad y sin ninguna injerencia política al momento de emitir una resolución, ya sea para rechazar el caso o para presentar una imputación formal.
“Simplemente nos vamos a abocar a lo que establece la Constitución, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Aquí nosotros no podemos permitir la injerencia de ninguna índole política, para una determinación que tiene que ser con responsabilidad (…) Nosotros respetamos al sector maderero, respetamos a aquellos ingenieros forestales que se dedican a esta profesión”, agregó el Fiscal General, e insistió en que el Estado tiene la responsabilidad de no perjudicar a las personas ni a las empresas dedicadas al rubro forestal mientras se desarrolla la investigación.
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