Mientras que la justicia haya decidido ampliar por otros tres meses más la investigación por la denuncia de fraude electoral en las elecciones anuladas de octubre de 2019, cinco investigados solicitaron sobreseimiento y el archivo de obrados.
Se trata de los tres exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Idelfonso Mamani, Lucy Cruz y Antonio Costas, además del exdirector nacional del Servicio de Registro Civil (Sereci) José Antonio Pardo y Sergio Martínez, identificado como asesor de los exvocales.
Los memoriales, a los que tuvo acceso ERBOL, datan algunos desde agosto de 2020 y otros en febrero de este año. En todos los casos, los investigados afirman que durante el tiempo que se desarrolló la investigación no se pudo comprobar algún grado de responsabilidad ya que –señalan– no habría ocurrido tales irregularidades.
En el caso del exvocal Idelfonso Mamani, en el petitorio se pide emitir el sobreseimiento por todos los delitos, asimismo, que se “disponga el archivo de obrados y sea previa las formalidades de ley”.
Su abogado, René Villarroel, informó a ERBOL que se envió incluso el 11 de febrero una segunda petición del sobreseimiento, pero hasta el momento, no se tiene una respuesta debido a que faltarían algunas pericias que debe desarrollar la Fiscalía.
“El Ministerio Público no ha podido probar en toda la etapa de investigación ni en las inspecciones oculares (…) que mi defendido haya podido ser parte de un fraude electoral, por lo tanto, la probabilidad de autoría, pues, no se puede comprobar con las investigaciones realizadas de los hechos ocurridos en la gestión pasada”, sostuvo.
La exvocal Lucy Cruz afirmó, en el petitorio, que “todo el proceso electoral del 20 de octubre del 2019 fue desarrollado con la más absoluta pulcritud y transparencia”. Su colega, Antonio Costas, exvicepresidente del TSE en 2019, también solicitó el sobreseimiento.
Según el documento del exvocal “al ser imposible acusar con las evidencias logradas hasta ahora pido en el día su pronunciamiento, más cuando la etapa preparatoria ha concluido”. Cruz, por su lado, afirmó que no se acumularon pruebas que sustenten la denuncia ni mucho menos una acusación fiscal, por el contrario, dijo que se demostró que es “inocente” de los delitos que pesan contra ella.
El exdirector nacional del Servicio de Registro Civil (Sereci) José Antonio Pardo, quien desde mediados de diciembre de 2019 se encuentra con detención domiciliaria, aseguró, de acuerdo al memorial que en todo el proceso “se ha podido constatar una relación de hechos que demuestra que no existe subsunción de mi conducta a los tipos penales descritos en la imputación formal, y menos la existencia de elementos de prueba en mi contra”.
Cuando se desarrollaron las elecciones anuladas de 2019, el exfuncionario se encontraba encargado del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
En el caso de Sergio Martínez, identificado como asesor de los exvocales del TSE y quien además se encuentra fuera del país, solicitó que se le dicte el “cese, suspensión y levantamiento de la persecución penal sea previo cumplimiento de las formalidades de ley”.
La investigación lleva más de un año y en días pasados el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, en reemplazo del Juzgado Segundo Anticorrupción, determinó ampliar por otros tres meses más la investigación.
Junto a los exvocales que solicitaron el sobreseimiento también son investigados la expresidenta del TSE María Eugenia Choque y Lidia Iriarte, de quienes este medio conoció que no solicitaron el sobreseimiento.
Todos los investigados dentro del caso son por manipulación informática, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, entre otros./
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