Zvonko Matkovic, detenido por una década por el caso “Terrorismo” durante el gobierno de Evo Morales, y Gary Prado, abogado de su padre Gary Prado Salmón, acusado en ese proceso, advirtieron este viernes que observan una similitud entre el proceso judicial que vivieron y el actual, por supuesto “golpe de Estado”, con el claro objetivo del Gobierno de amedrentar a la oposición. Emitió un criterio similar el periodista Carlos Valverde, informa el portal Brújula Digital.

“Considero que sí hay un paralelismo. Esta manera de actuar al margen de la ley y de forma abusiva, es lo mismo que pasó con nosotros, es una manera de perseguir a personas y amedrentarlas. Empiezan a utilizar listas de personas que pueden o no ser perseguidas, porque se está actuando de entrada con detenciones, no investigaciones”, sostuvo Matkovic.

“Además, es por todos conocido que hubo un fraude masivo reconocido internacionalmente (en 2019). Tratar de camuflar eso como ‘golpe de Estado’ no tiene ningún sentido y se sigue viendo que no existe independencia en la justicia, hay una presión desde el Ejecutivo que es lo que nos mantiene a todos los bolivianos fuera de un estado de derecho; si no tienes una justicia independiente, la verdad es que en un país no tienes nada”, agregó.

El caso “Terrorismo” se basó en pruebas febles contra decenas de personas de Santa Cruz a los que se acusó de intentar “la separación” de ese departamento y de terrorismo. El caso fue anulado en 2020.

Prado, por su lado, sostuvo que el paralelismo existe debido a que se sigue “exactamente la misma metodología, pero sin muertos como en el (el caso) Porvenir o en el Hotel las Américas.

El abogado añadió que dentro de este proceso ve dos mensajes claros. Uno, dirigido a militares y policías, en sentido de que “quienes no se cuadren ante este gobierno, a pesar de que hagamos lo que hagamos, van a correr la suerte que están corriendo estos generales”. Dos, dirigido a políticos de oposición que se quedaron en el país, “nosotros (en el gobierno del MAS) tenemos la razón y ustedes no, entonces van presos, así haya declaración constitucional, aquí hubo golpe de Estado”.

Respecto a los políticos y militares que ya salieron del país, ellos estarán como “exiliados”, agregó Prado, quien asumió la defensa jurídica de su padre, quien llegó a ser encarcelado pese a tener problemas de salud.

El periodista Carlos Valverde, en declaración a Unitel, señaló que existe una similitud debido a que el gobierno de Arce quiere mostrar fuerza para que le tengan miedo.

“Este caso muestra la necesidad del gobierno de mostrar fuerza y de que le tengan miedo, esto es exactamente lo que pasó con el “caso Terrorismo”, entraron al Hotel las Américas y luego le avisaron al fiscal para que actúe; ahora fueron y se alzaron a algunas personas en Beni y los fiscales no tienen la peregrina idea de lo que está ocurriendo, no saben a quién están persiguiendo”, sostuvo.

Órdenes de captura

El Ministerio Público emitió este viernes órdenes de aprehensión en contra de 13 exautoridades militares, policiales y civiles del gobierno de Jeanine Añez, dentro de caso “golpe de Estado”, por la renuncia de Morales a la presidencia en 2019, luego de ser acusado de promover un fraude electoral en las elecciones generales del 20 de octubre de ese año.

A fines del año pasado, el Ministerio Público admitió la querella presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien demandó un proceso por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en contra del excívico cruceño Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, y jefes militares y policiales que pidieron la renuncia de Morales a la Presidencia.

En el asalto al Hotel las Américas fueron ejecutados tres extranjeros, supuestos “terroristas y mercenarios”, y detenidos otros dos. Las autopsias posteriores identificaron que los fallecidos fallecieron una vez que estaban detenidos.

A raíz de ese proceso, una serie de políticos abandonaron el país, debido a que fueron acusados de terrorismo y separatismo; denunciaron que el gobierno utilizó este caso para amedrentarlos y evitar su actividad política. El año pasado fue anulado este juicio, en el gobierno de Añez.

El uso de la justicia

En criterio de Prado, el gobierno deja a manos de la Fiscalía y del Órgano Judicial el manejo de este caso, con mucha probabilidad de que fiscales y jueces incurran en delitos a través de extorsiones (para evitar detenciones y otras actuaciones) y abusos, como, según dijo, se produjo en el “caso Terrorismo”. Las autoridades gubernamentales les dejan, debido a que ya cumplieron con su “objetivo político” de amedrentar a la oposición, acotó.

El fiscal Omar Mejillones no explicó la noche de este viernes las razones por las que fueron aprehendidos dos exministros de Añez. La explicación de la “ampliación de la investigación”, para las órdenes de apremio contra civiles serán dadas con posterioridad, dijo.

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