La Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados dio el visto bueno para el endeudamiento del país de hasta en 3.000 millones de dólares mediante la emisión de títulos de valor de mercado. La información está contenida en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) gestión 2021, aprobado recientemente en grande en la Cámara Baja.
“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (…) celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta USD 3.000.000 000 (Tres Mil Millones 00/100 Dólares Estadounidenses) o su equivalente en otras monedas para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos”, se lee en el inciso I del artículo 11 del proyecto de Ley.
Ya en 2012, el Gobierno en funciones (MAS) utilizó el endeudamiento externo a través de los denominados “Bonos Soberanos”, que es la contratación de deuda pública a través de títulos valor en mercados de capital externos. La contratación de crédito externo a través de la emisión de estos bonos se dio en tres ocasiones por un monto total de 2.000 millones de dólares: en 2012 ($us 500 millones), 2013 ($us 500 millones) y 2017 ($us 1.000 millones).
Hay quienes cuestionan el endeudamiento y el uso real de esos recursos de deuda. La Fundación Jubileo señala en un informe de la Deuda Pública que a pesar de que el Gobierno dice que los recursos provenientes de los Bonos Soberanos se orientaron a proyectos de inversión en diferentes sectores, “estos créditos fueron autorizados a través de las leyes del Presupuesto General del Estado, en las que se aprobó que los recursos sean para apoyo presupuestario; es decir, que no se tenía claro el fin específico de los mismos o serían para diferentes gastos que el Gobierno defina”.
Esta modalidad, agrega Jubileo, incidió en el acelerado crecimiento de la deuda externa y las primeras emisiones vencen en los próximos años; es decir, “que se tendrían que pagar estos montos altos o intentar refinanciar (Roll-over) con los costos consecuentes”.
De 2007 a 2019, la deuda externa de Bolivia se quintuplicó al pasar de $us 2.208 millones a $us 11.268 millones, respectivamente, según el reporte elaborado por Jubileo con datos del Banco Central de Bolivia. Con 3.000 millones de dólares más, la deuda externa de Bolivia subiría a más de 15.000 millones de dólares.
Jubileo recomendó realizar una auditoría a la deuda externa boliviana para conocer su verdadero uso y destino, luego de realizar un análisis de la evolución y crecimiento.
Entre otros puntos, el inciso II del Artículo 11 del proyecto de Ley autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la contratación directa en el ámbito nacional y/o internacional, de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados vinculados a la operación de deuda pública en mercados de capital externos, de acuerdo a prácticas internacionales.
El Inciso III señala que los intereses a favor de acreedores de deuda pública mediante la emisión de títulos valor en mercados de capital externos, “están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de/as Empresas”.
También, en el Inciso IV, indica que los pagos por la prestación de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados, vinculados a la operación de deuda pública en los mercados de capital externos, están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.
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